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La Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría” (CUJAE) ha lanzado esta semana una convocatoria para arrendar locales dentro de su campus a trabajadores por cuenta propia y Mipymes. En este contexto, se planea incluir dos centros gastronómicos, un puesto móvil de alimentos, una cerrajería, un salón de belleza y un punto de venta agrícola, con especial énfasis en el Comedor de Becas, que concentra la mayoría de los espacios que se ofrecen en licitación.
La convocatoria, publicada la noche del 18 de junio en la página oficial de la universidad en Facebook, indica que se recibirán propuestas hasta el 25 de junio. Este plazo, por su brevedad y la discrepancia con la fecha de publicación, ha generado suspicacias entre los seguidores del proceso. La recepción de solicitudes se llevará a cabo en la Dirección General de Logística de la CUJAE, entre las 9:00 a.m. y las 4:30 p.m.
Varios usuarios en redes sociales han cuestionado la celeridad del proceso. “¿Quién puede elaborar y presentar un buen proyecto en una semana?”, lamentó uno de ellos, mientras que otros sugirieron que los resultados podrían estar ya estipulados. La falta de información clara sobre los criterios de evaluación y los montos de referencia alimenta aún más el escepticismo.
La apertura de sobres está programada entre el 26 de junio y el 2 de julio, y los resultados se darán a conocer el 9 de julio. Sin embargo, la falta de comunicación sobre los mecanismos de adjudicación deja muchas preguntas sin respuesta sobre la transparencia y equidad del proceso.
A pesar de que algunos ciudadanos celebran el posible retorno de servicios dentro del campus universitario, también reconocen que la nostalgia por la época en que existían múltiples opciones no puede disimular los vacíos del procedimiento actual. La idea de revitalizar espacios como la Casa Estudiantil es positiva, pero choca con la percepción de que las decisiones podrían estar ya tomadas.
El caso de la CUJAE no es un hecho aislado. En los últimos meses, diversas entidades estatales han licitado locales para su explotación por privados. Desde el aeropuerto Antonio Maceo hasta la EGREM en Santiago de Cuba, incluyendo la controvertida propuesta —posteriormente retirada— de alquilar la Tribuna Antiimperialista José Martí, el gobierno cubano ha abierto más espacios a la gestión no estatal, ante la evidente incapacidad del Estado para mantenerlos.
Estas iniciativas, en el marco de un proceso de descentralización forzada, surgen en medio de una crisis estructural del comercio interior y los servicios públicos. La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, reconoció en 2022 que muchas unidades comerciales con mayor autonomía funcionaban mejor que las gestionadas de manera centralizada.
