Texto: Hugo León
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La Corte Suprema de los Estados Unidos determinó hoy que la administración de Donald Trump tiene la potestad para anular el parole humanitario, programa del cual se beneficiaron más de 500 mil migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
Esta decisión responde a la solicitud de emergencia presentada por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, para finalizar el programa creado por el ex presidente Joe Biden, que permitía a ciudadanos de estos cuatro países residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos.
Los jueces liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson expresaron su desacuerdo con la resolución. Este último argumentó que la corte no consideró “las devastadoras consecuencias de permitir que el Gobierno ponga fin abruptamente a las vidas y medios de subsistencia de casi medio millón de no ciudadanos con reclamos legales pendientes”.
La jueza de distrito de Massachusetts, Indira Talwani, había sostenido que la actual administración no podía revocar el estatus de todos los migrantes sin evaluar sus casos de manera individual. Por esta razón, el gobierno decidió impugnar el caso ante la Corte Suprema.
En documentos judiciales, la administración argumentó que Talwani no tenía la autoridad para pronunciarse sobre el caso y que Noem contaba con la facultad para finalizar el programa según la ley de inmigración vigente.
Los beneficiarios y patrocinadores del parole desafiaron en los tribunales la anulación del programa, alegando que, si esta acción se mantenía, todos los beneficiarios “se convertirán en indocumentados” de manera inmediata y estarían “sujetos a la deportación”.
Con este fallo de la Corte Suprema, cientos de miles de inmigrantes quedarán en un limbo legal, incluidos aquellos cubanos que llevan menos de un año en los Estados Unidos y no han tenido el tiempo suficiente para acogerse a la Ley de Ajuste.
