Incremento en el costo del cemento en Cuba para «impulsar la producción»

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Foto: RL Hevia

El gobierno de Cuba ha decidido aumentar el precio mayorista del cemento como parte de una estrategia para “estimular” la producción nacional, que actualmente resulta insuficiente, y combatir el “mercado informal” de venta del producto.

A través de una nueva Resolución publicada este martes, se ha duplicado el costo mayorista en relación con la tarifa vigente desde 2022, pasando de 2809 pesos a 4573 CUP por tonelada de cemento P-35 en bolsas de 42.5 kg, lo que equivale a 194.35 pesos por bolsa; mientras que a granel, el precio será de 3936 pesos por tonelada.

Asimismo, el Cemento P-250 en bolsas de 42.5 kg ahora se establece en 3865 pesos la tonelada y a granel en 3227 pesos cubanos, mientras que el cemento blanco en bolsas de 42.5 kg alcanza los 6417 pesos por tonelada.

El Ministerio de la Construcción ha reconocido que esta medida tiene como objetivo “frenar la descapitalización de las empresas del cemento, al reconocer los costos y gastos de la producción”.

Además, informaron que el cemento tendrá una “presencia paulatina del producto” para la venta en establecimientos del comercio interior “a partir de la rehabilitación de las fábricas de Cemento Cienfuegos S.A y Curazao, Mariel”, priorizando a las personas con subsidios.

Esto significa que, a pesar de los precios actualizados, el producto seguirá siendo escaso en el mercado formal, y en general, cuando la escasez persiste, el mercado informal –que precisamente intentan combatir– tiende a fortalecerse.

Se añadió que, ante la limitada oferta de productos de hormigón, para 2024 y 2025, especialmente el bloque, se decidió mantener los mismos precios aplicados por las empresas autorizadas con licencia minorista en las distintas localidades, ya que no se han recibido quejas ni devoluciones de productos.

Aunque el gobierno defiende esta medida argumentando la necesidad de reconocer los “costos y gastos” reales y de frenar la descapitalización de las empresas, representa una nueva carga económica para la población, especialmente en un país con grandes déficits habitacionales, precios descontrolados en el sector informal y salarios estancados.

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