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En el primer trimestre de 2025, el régimen cubano recaudó más de mil millones de pesos en concepto de multas, en un contexto caracterizado por la inflación, la escasez y una crisis generalizada. Esta cifra, reportada por el diario estatal Granma, se deriva de más de 425 mil sanciones impuestas en todo el país entre enero y marzo.
Las provincias de La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey y Holguín lideraron la lista con la mayor cantidad de multas. No obstante, el informe no detalla las infracciones más comunes ni el perfil de los sancionados, aunque los datos evidencian la ofensiva nacional que convierte la penalización económica en una herramienta sistemática de control.
Heidi Bas Sosa, directora de Multas del Ministerio de Finanzas y Precios, afirmó que el 90,1 % de las multas ya ha sido cobrado. Si bien reconoció que esta cifra “no es lo óptimo”, consideró que representa un “avance” hacia la obtención de mayores ingresos.
El procedimiento establece que quienes no paguen dentro de los primeros 30 días deberán abonar el doble en el segundo mes. A partir del día 61, se activan mecanismos de cobro forzoso, como el embargo del salario. Además, el Código Penal clasifica el impago como delito, y hasta la fecha se han presentado 269 expedientes ante la Policía Nacional Revolucionaria, por un valor de seis millones de pesos.
La red institucional que respalda este sistema incluye organismos como la PNR, el Ministerio del Transporte, el Ministerio de Salud Pública y autoridades locales, lo que confirma que las multas no solo tienen una función fiscal, sino que también actúan como método de escarmiento social en medio del creciente descontento popular.
En marzo, durante el II Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, el municipio de Plaza de la Revolución en La Habana fue testigo de una oleada de sanciones. Cuentapropistas y vendedores ambulantes recibieron multas de hasta 16,000 pesos por supuestas infracciones como la venta de productos vencidos o precios abusivos.
Este fenómeno no excluye a las entidades estatales. Por ejemplo, una empresa en la capital fue multada por abrir un hueco frente a su local para desaguar aguas residuales, una acción que el gobierno consideró como un daño al espacio público. Además, recientemente se advirtió sobre el uso no autorizado de antenas para acceder a internet, que será sancionado por “uso ilícito del espectro radioeléctrico”.
