Foto: Jorge Luis Borges
El gobierno cubano ha reconocido que enfrenta un problema adicional con los deambulantes, el cual no ha logrado resolver y, siendo honestos, el deteriorado contexto económico y social del país lo hará difícilmente posible.
A través de unos «avances» en el perfeccionamiento de la política de atención a personas con conducta deambulante, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) busca conceptualizar un fenómeno social que, lejos de ser reciente, ha persistido durante décadas en las calles cubanas.
Publicado en la Gaceta Oficial, el Acuerdo 10056/2025 sobre la «conducta deambulante» tiene como objetivo responder desde el oficialismo a cuestiones que han cobrado relevancia en los últimos años debido a la creciente desigualdad de clases sociales y la profunda crisis económica en Cuba.
Según la directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social, Belkis Delgado Cáceres, la conducta deambulante se define como un trastorno multicausal caracterizado por «la inestabilidad y la inseguridad en el hogar, la falta de autocuidado y autonomía económica, la ausencia de apoyo familiar y la transgresión de normas sociales».
Sin embargo, la forma en que el gobierno describe este comportamiento parece reducir a los individuos a un conjunto de características patológicas, sin abordar a fondo las razones estructurales y económicas que sustentan esta realidad. El gobierno, una vez más, comete un error.
La definición se ciñe únicamente a un contexto familiar y no reconoce que en gran medida es provocada por el propio gobierno y sus políticas equivocadas, por la inestabilidad económica y por la incapacidad de muchos—especialmente de personas mayores—de acceder a alimentos básicos, en parte debido a la inflación o porque no pueden comprarlos en las tiendas al no contar con familiares en el exterior que les envíen divisas.
En Cuba, el fenómeno de los deambulantes no es nuevo. Desde hace años, la pobreza extrema, la falta de vivienda digna y el colapso de muchas estructuras familiares, en parte debido a la migración, han llevado a miles de personas a las calles.
A pesar de que se menciona la «rehabilitación y reinserción social», queda la pregunta de si realmente esta medida busca mejorar las condiciones de vida de los deambulantes o, por el contrario, solo intenta ocultar un problema social que no se puede ignorar.
Nueva norma define el Centro de Protección Social
Con la intención de «eliminar» a los deambulantes de las calles, el gobierno ha dispuesto la creación de Centros de Protección Social para «contribuir a la rehabilitación y reinserción social de las personas con conducta deambulante».
Asimismo, establece un «protocolo de actuación» para la detención, información y traslado de las personas con dicha conducta, incluyendo uno específico para menores en esta situación.
Sin embargo, ¿por qué la detención? Es conocido que frecuentemente un ómnibus en las principales ciudades del país sale a recoger a estas personas, donde van tres trabajadores sociales y oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria; ante esto, muchos se esconden, pues acudir a los Centros implica tener un expediente que incluye una ficha policial.
La idea de detener deja un sabor amargo en una sociedad que debería concentrarse en generar oportunidades y brindar apoyo real a las personas, no en forzarlas a regresar a una normalidad que, en muchos casos, ni existe ni alcanzarán.
La reinserción social no puede lograrse mediante medidas punitivas ni con un enfoque que deshumaniza a las personas. En la mayoría de los casos, la reinserción no funciona, ya que una vez que regresan a la sociedad, continúan enfrentando los mismos problemas que las llevaron a deambular.
Servicios sociales comunitarios: un avance que no es suficiente
El MTSS también ha anunciado la ampliación y mejora de los servicios de cuidado dirigidos a grupos vulnerables, como la teleasistencia y la asistencia social a domicilio.
«Este servicio se proporciona en el hogar de la persona, permitiendo que esta permanezca en su entorno habitual, satisfaga sus necesidades biológicas, psicológicas, comunicativas y sociales, y tenga acceso a los servicios comunitarios», dijeron los especialistas.
No obstante, el verdadero desafío sigue siendo la capacidad de implementación efectiva y la sostenibilidad financiera de estos servicios, dado que con la nueva norma se reconoce el cuidado como un trabajo, en línea con los principios del Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida, por lo que los cuidadores deberán recibir un salario.
En un país donde la crisis económica ha empeorado en los últimos años, es legítimo preguntarse si el presupuesto destinado a estos servicios será suficiente para atender tanto a la población vulnerable como a sus cuidadores.
La atención a los deambulantes y a los grupos vulnerables es una deuda histórica del Estado cubano, que se agrava por las fallidas políticas de los últimos tiempos, especialmente en aspectos básicos como el acceso a la alimentación, que ahora está disponible solo en moneda extranjera, a la cual la gran mayoría no tiene acceso, ni lo tendrá nunca.
La negación por parte del Estado de reconocer el fenómeno de los deambulantes por sus propios errores ha salido a la luz. La política social cubana sigue siendo insuficiente si no se abordan de manera integral las causas estructurales de la pobreza, la marginalidad y la falta de acceso a servicios básicos.
Mientras tanto, las calles de las ciudades cubanas continúan siendo testigos del sufrimiento de miles de personas en situación de deambulación, sin una solución a su futuro a largo plazo, y mucho menos, a corto plazo.
