Foto: Departamento de Estado
Texto: Mónica Fernández
Este martes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos lanzó su Reporte sobre Prácticas en Derechos Humanos en 2020. Como es habitual cada año, el informe documenta las principales violaciones a nivel mundial (excluyendo a los Estados Unidos) y proporciona recomendaciones para los países. En el prefacio de esta 45ta edición, Cuba destaca, siendo mencionada por el Secretario de Estado Antony J. Blinken: “… las restricciones gubernamentales continuaron limitando las libertades de expresión, asociación, religión o creencia, y de movimiento”.
El capítulo dedicado a Cuba abarca por primera vez en varias ediciones el tema de asesinatos ilegales o arbitrarios, haciendo referencia a la muerte de Hansel Hernández Galiano en junio pasado. El reporte resalta las discrepancias entre la versión oficial y los testimonios de quienes vieron su cuerpo antes de la incineración. Además, se menciona la campaña de difamación en su contra por crímenes ya juzgados, incluidos los videos del youtuber anónimo Guerrero Cubano, reproducidos por medios oficiales como fuente legítima. Se cita a la organización Cuba Archive, que sostiene haber documentado al menos seis muertes de presos cubanos en circunstancias sospechosas durante 2020; entre ellos, Roberto Jiménez del Sol.
El informe también aborda las detenciones y encarcelamientos arbitrarios, así como desapariciones forzadas por períodos prolongados. Se denuncia la práctica de detenciones breves, usadas para evitar que activistas y periodistas participen en eventos o durante fechas significativas, como el 10 de octubre. Se menciona la protesta del 27 de noviembre de 2020 como la única que se llevó a cabo con éxito, dispersándose pacíficamente sin arrestos inmediatos.
Uno de los enfoques del reporte son las prisiones en Cuba, donde se indica que disidentes políticos y presos sufren tratos crueles, en muchos casos poniendo en peligro sus vidas. Se documentan abusos físicos y psicológicos, condiciones materiales deplorables, mala alimentación, y falta de acceso a atención médica. También se destaca la falta de información pública sobre el sistema penitenciario cubano. Reitera la denuncia del uso de la “peligrosidad social” como un mecanismo legal para encarcelar a ciudadanos considerados problemáticos, incluso sin antecedentes penales.
Las restricciones y violaciones a las libertades individuales debido a las medidas contra el COVID-19 también son un tema importante en el informe. Se menciona la condena a la activista Keilylli de la Mora Valle por quitarse el nasobuco en la vía pública, así como la desarticulación de la huelga de hambre del Movimiento de San Isidro bajo el argumento de que podía propagar una epidemia, ambos ejemplos señalados por el Departamento de Estado.
Un punto de mayor énfasis en esta edición es el análisis detallado de los procesos judiciales. Se denuncian juicios cerrados al pública en casos de contrarrevolución o seguridad del Estado, la jurisdicción militar sobre civiles, y la prohibición de observadores en los juicios. En el contexto de las restricciones por COVID-19, se destacan los procesos sumarios sin la presencia de abogados defensores, junto con acusaciones de “actividad económica ilícita” por acaparamiento de productos durante tiempos de escasez, aunque esto no esté codificado en la ley.
El informe también menciona la censura, los altos costos y el bloqueo de sitios web, las violaciones de la privacidad y la difamación de ciudadanos, así como la ausencia de libertad de prensa. La criminalización de la libertad de expresión ha sido consistente con respecto a años anteriores: múltiples detenciones del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara y el despido del médico Alexander Raúl Pupo Casas de su programa de residencia en neurocirugía son algunos ejemplos de represalias por expresar disidencia.
A diferencia de la edición pasada, temas como el tráfico de personas (principalmente relacionado con las misiones médicas cubanas) y las restricciones a la libertad religiosa no ocuparon un lugar preeminente en el documento. En ambos casos, el apartado remite a reportes específicos sobre el asunto.
El feminicidio también fue abordado en el informe, señalando que el gobierno cubano no ha respondido a la solicitud de una ley contra la violencia de género, a pesar de que en 2020 activistas documentaron al menos 32 víctimas de feminicidio en Cuba.
Hacia finales de este año, el Departamento de Estado publicará un apéndice para cada informe de país de 2020 que ampliará la subsección sobre la mujer en la sección 6, titulada «Discriminación, abusos sociales y trata de personas», para incluir un espectro más amplio de temas relacionados con los derechos reproductivos. Este apéndice incluirá cuestiones de salud materna, como la mortalidad materna, políticas gubernamentales que afectan negativamente el acceso a la anticoncepción, y la discriminación contra la mujer en la atención sanitaria sexual y reproductiva, incluyendo respecto a infecciones de transmisión sexual.
