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La Embajada de Estados Unidos en La Habana comunicó este martes la implementación de nuevas restricciones de visado dirigidas a funcionarios centroamericanos y sus familias, como parte de una medida del Departamento de Estado destinada a sancionar su colaboración con las misiones médicas cubanas. El gobierno estadounidense califica dichos programas como formas de “trabajo forzado y explotación laboral”.
Las sanciones, respaldadas por el secretario de Estado Marco Rubio, forman parte de una estrategia más amplia para ejercer presión sobre el gobierno cubano y desmantelar lo que Washington describe como una red explotadora disfrazada de asistencia humanitaria. “Estas restricciones buscan responsabilizar a quienes apoyan prácticas explotadoras que enriquecen al régimen cubano a expensas de los derechos de los trabajadores”, declaró Rubio en un comunicado oficial.
Las misiones médicas, piedra angular de la diplomacia cubana desde hace décadas, han sido objeto de crecientes críticas por parte de organismos internacionales y gobiernos, incluyendo a Estados Unidos, que las acusan de retener pasaportes, restringir la libertad de movimiento de los médicos y apropiarse de la mayor parte de sus salarios. Cuba, sin embargo, defiende que estos programas salvan vidas y fortalecen la cooperación Sur-Sur.
De acuerdo a la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), solo en 2022, el Estado cubano generó alrededor de 4.882 millones de dólares por concepto de exportación de servicios de salud humana y atención social, cifra que constituye una de las principales fuentes de ingresos del país. Washington sostiene que este modelo económico se mantiene a expensas de los derechos laborales básicos de los profesionales de la salud.
El comunicado del Departamento de Estado también insta a otras naciones a unirse a este esfuerzo internacional para condenar el trabajo forzado y exigir justicia para las víctimas. Según Rubio, la intención es “apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad y la dignidad”, y aislar diplomáticamente a aquellos que se benefician del modelo de exportación de servicios médicos.
La medida no solo impacta a quienes participan directamente en la contratación de personal médico cubano, sino también a sus familiares inmediatos, una extensión que busca intensificar la presión sobre los responsables políticos. Esta decisión representa un endurecimiento significativo en la política migratoria hacia actores extranjeros aliados de La Habana.
Desde su reinstalación parcial en 2022, la Embajada de Estados Unidos en Cuba ha sido un canal de múltiples acciones destinadas a restringir las relaciones bilaterales, especialmente en lo que respecta a la cooperación médica y los acuerdos laborales que involucran personal cubano en terceros países. Las nuevas directrices refuerzan esta línea de confrontación.
