Foto: Manuel Larrañaga
El gobierno cubano ha establecido entre sus prioridades “lograr la soberanía alimentaria para conseguir un nivel de independencia y asegurar la disponibilidad, el acceso y la estabilidad de los alimentos”. Por esta razón, se prevé que en octubre de 2021 se apruebe una ley que regule las acciones necesarias para alcanzar este objetivo.
En una reciente reunión del Grupo Temporal de Trabajo encargado de la redacción del documento, Orlando Díaz, director jurídico del Ministerio de la Agricultura (Minag), recordó que ya existe una política aprobada: el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional (SAN), según informó la agencia Cubana de Noticias.
De acuerdo con la información publicada por el Minag en su página web, el cronograma de trabajo incluye la redacción del Reglamento de esta norma jurídica de rango superior y contempla una amplia agenda hasta octubre de 2021, momento en el que se espera que la Asamblea Nacional del Poder Popular apruebe el Anteproyecto.
Díaz destacó que, en este momento, es fundamental transformar los lineamientos en una Ley, siendo esta una norma de desarrollo constitucional. Es necesario llegar al mes de octubre con una legislación elaborada a partir del consenso logrado mediante la participación ciudadana. Por ello, en cada sesión de trabajo, se invitará a personas reconocidas por su experiencia en este tema, además de realizar intercambios con comunidades de los municipios beneficiarios del programa.
En relación con el documento legal, Elizabeth Peña Turruellas, directora de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar y coordinadora del Plan SAN, subrayó la importancia de perfeccionarlo y de fomentar el diálogo con la comunidad. Enfatizó que debe adaptarse a lo que el país necesita en términos de desarrollo agroalimentario, y destacó la relevancia de que el pueblo cubano sea protagonista y responsable de esta política pública.
El medio estatal ACN indicó que, con la instrumentación jurídica del Plan SAN, Cuba dispondrá de un marco legal que integrará los esfuerzos del Gobierno, el Estado y las instituciones para alcanzar la soberanía alimentaria.
Para la elaboración de esta ley, se ha contado con la colaboración de especialistas de la Dirección Jurídica, la Dirección de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar del Ministerio de la Agricultura, y de la Oficina del Plan SAN. También se ha recibido apoyo de consultores y coordinadores en Cuba para la FAO.
En enero pasado, Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura en Cuba, instó a avanzar hacia una segunda etapa de la implementación del Plan de soberanía alimentaria y educación nutricional, en el contexto crítico que enfrenta la isla debido a la pandemia de Covid-19.
En una nota de prensa, mencionó que existe un monto considerable de recursos destinados a financiar el Plan, en su mayoría proporcionados por entidades extranjeras que han mostrado interés en colaborar con su implementación, como la Agencia para el Desarrollo de Italia, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Banco Interamericano.
Entre las acciones tomadas en el país en función del Plan SAN, destacan la aprobación de la Política de Desarrollo Territorial, la Política de Comercialización de la Producción Agropecuaria y las 43 medidas para el desarrollo y fortalecimiento de la Empresa Estatal Socialista.
Autoridades gubernamentales han enfatizado que esta ley es una alta prioridad para el país y para el Gobierno, ya que “promueve la seguridad alimentaria de la población frente a las adversidades impuestas por el bloqueo de Estados Unidos, la pandemia de Covid-19 y las tendencias de la economía global”.
