Texto: Mónica Fernández
El sábado 16 de enero, la Vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajó a Cuba para “exponer las ventajas y beneficios de la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y las Garantías de los Derechos Humanos”. Tras reunirse con el presidente cubano Miguel Díaz Canel, Rodríguez anunció en una conferencia de prensa el mismo día la creación de un observatorio binacional para supervisar las sanciones de Estados Unidos contra ambos países.
¿Cuál es la relación entre Cuba y la Ley Antibloqueo de Venezuela? ¿Por qué se llevó a cabo esta reunión no anunciada, justo antes de la investidura del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden? ¿Cuál es el propósito del Observatorio? A continuación, se ofrecen algunas claves para comprender este anuncio.
Según el sitio web de la Vicepresidencia venezolana, el objetivo de la ley “es proteger de manera efectiva a los inversionistas extranjeros y evitar su persecución por parte de Estados Unidos (…) mediante formas novedosas de asociación y sociedad, además de contar con mecanismos especiales para proteger la información”. Esta ley fue aprobada en octubre de 2020 por la derogada Asamblea Nacional Constituyente con la meta de priorizar la inversión extranjera. La legislación otorga amplias facultades al Ejecutivo para tomar decisiones en este ámbito, con escasa supervisión y la opción de clasificar como confidencial cualquier documento relacionado con la inversión extranjera, a fin de impedir que Estados Unidos acceda a esta información.
La Ley Antibloqueo de Venezuela presenta algunas similitudes con una legislación cubana que tiene más de 25 años: la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas, aprobada por la Asamblea Nacional en 1996. Su artículo 6 permite “las medidas necesarias para la protección de los inversionistas extranjeros contra la aplicación de la Ley ‘Helms-Burton’, incluyendo la transferencia de los intereses del inversionista extranjero a empresas fiduciarias, entidades financieras o fondos de inversión”. Además, es conocida la práctica cubana de establecer empresas en paraísos fiscales para eludir el embargo económico. El vínculo de funcionarios del gobierno con algunas de estas empresas fue revelado en los Panama Papers.
Considerando que ambos países han sido blanco de numerosas sanciones estadounidenses y enfrentan graves problemas económicos, es comprensible que hayan decidido unir esfuerzos para establecer mecanismos que ofrezcan seguridad a los inversionistas extranjeros. El contexto es propicio: cambio en la administración estadounidense, renovación de la Asamblea Nacional venezolana sin la presencia de partidos opositores, la Unión Europea dejó de reconocer a Juan Guaidó como presidente, Cuba ha comenzado el proceso de reordenamiento monetario, posee una nueva Constitución y recientemente activó la anticipada Ventanilla Única de Inversión Extranjera…
Es razonable suponer que el liderazgo de esta alianza recaiga no en el Observatorio, sino en el Centro Internacional de Inversión Productiva, del cual depende. Este último podría ser el equivalente a ProCuba. Así, no sorprende que Delcy Rodríguez estuviera acompañada por el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, el viceministro de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, Héctor Silva; la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, el ministro del Poder Popular para la Salud, Dr. Carlos Alvarado; el embajador de Venezuela en Cuba, Adán Chávez y el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Asdrúbal Chávez. Esto evidencia que se priorizarán las áreas de salud, ciencia y energía.
Sin embargo, queda por definirse cuán efectiva será esta estrategia. Paralelamente al anuncio de Rodríguez desde Cuba, los medios El País y Armando.Info publicaron el mismo día una investigación conjunta que expuso el esquema de comercialización de crudo venezolano a través de intermediarios. Las compañías extranjeras pagaban el crudo a las cuentas de PDVSA en bancos rusos, lo transportaban a un puerto en Asia o Medio Oriente, y desde allí lo revendían a terceros países o lo intercambiaban por bienes para enviar a Venezuela.
¿Este es el modelo que respalda la Ley Antibloqueo y que el Centro Internacional de Inversión Productiva propondrá a posibles inversionistas extranjeros? ¿Qué tipo de inversionistas podrían estar interesados en un entorno caracterizado por sanciones constantes? ¿La falta de transparencia y supervisión pública para llevar a cabo estos negocios podría propiciar fraudes potenciales?
Persisten muchas interrogantes, pero es evidente que Cuba ha estado evadiendo sanciones de esta manera durante muchos años. Lo que nunca se ha aclarado es cuánto ingresos genera este concepto a las arcas públicas y qué porcentaje representa del gasto público.
En cuanto a Estados Unidos, parece un juego del gato y el ratón. Sin embargo, el anuncio del 16 de enero sugiere que los gobiernos de Cuba y Venezuela no son demasiado optimistas respecto al enfoque que la Administración Biden adoptará hacia ellos. Y se están preparando.
