Foto: RL Hevia
Esta semana, el Ministerio del Comercio Interior anunció nuevas normativas que eliminan el uso de efectivo en las transacciones entre empresas, Mipymes y trabajadores autónomos. Así fue estipulado en la Resolución 15/2025, publicada en la Gaceta Oficial No. 44, la cual indica que todos los pagos deberán hacerse a través de transferencias, tarjetas, terminales de punto de venta o códigos QR.
La resolución, como es sabido, va más allá del sistema estatal. También incluye a las tiendas mayoristas MERCABAL, las UNITIENDAS y los contratos de arrendamiento de espacios estatales a privados. Igualmente, los alojamientos a instituciones y las ventas de productos importados a través del mercado cambiario tendrán que ajustarse a esta normativa bancaria.
Un aspecto crucial es que las empresas proveedoras podrán suspender las entregas si no se cumple con esta obligación, aun cuando se trate de productos regulados o de consumo general. Esto representa un giro radical en la dinámica de suministro y obliga a todos los actores económicos a actualizar sus métodos, contabilidad e infraestructura digital.
El comercio mayorista y el consumo social también están incluidos. Las entidades que venden alimentos al sistema empresarial o presupuestado deberán hacerlo bajo esquemas bancarizados. No se aceptarán nuevas entregas si las compras anteriores no han sido pagadas correctamente. Se priorizarán las cartas de crédito locales, aunque también se aceptan pagos anticipados, contra entrega y créditos bancarios a 30 días.
Además, la norma refuerza el control interno. Todo funcionario autorizado que opere tarjetas, transferencias u otros instrumentos digitales deberá asumir responsabilidad directa. El Banco Central solo podrá autorizar excepciones en casos extremos, como emergencias o catástrofes naturales.
Las empresas estatales y presupuestadas tienen un período de 30 días para adaptar sus contratos al nuevo marco. La resolución deroga las normas vigentes desde 2022, acelerando el avance hacia un comercio completamente digitalizado. Sin embargo, los desafíos no son menores: la conectividad deficiente, plataformas bancarias inestables y la falta de incentivos fiscales complican una implementación fluida.
En medio de una prolongada crisis económica, muchos se cuestionan si esta bancarización forzada realmente ayudará a ordenar las finanzas del país o si se convertirá en una camisa de fuerza para un tejido empresarial ya frágil. La intención es clara: disminuir el uso de efectivo y centralizar el control estatal sobre los flujos de dinero.
