Texto: Hugo León
Foto: David Peinado Romero | Shutterstock
La jueza federal de distrito Indira Talwani invalidó la decisión de la administración de Donald Trump de cancelar, el 24 de abril, los beneficios migratorios concedidos por razones humanitarias a migrantes con permiso de permanencia temporal bajo el parole humanitario.
La noticia, que se conoció inicialmente hace unos días, ha sido confirmada por despachos de abogados especializados en inmigración. Además, el lunes, la jueza emitió una orden federal que detiene los intentos de Trump de eliminar el parole humanitario.
Esta política ha beneficiado a más de 530 mil personas, incluidos cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos. Sin embargo, ante la intención de la administración de Trump de dejar sin estatus legal a los beneficiarios, miles de personas se vieron sumidas en el pánico.
Por otro lado, la jueza Indira Talwani, designada por el expresidente Barack Obama, aceptó el lunes una moción de emergencia que suspende de manera temporal la revocación de los permisos otorgados bajo este programa.
La jurista considera que la decisión del gobierno carece de la revisión caso por caso que el propio Gobierno ha demandado en relación al parole.
¿Qué pasará con el parole humanitario?
Para Talwani, así como para muchos abogados y especialistas en temas migratorios, es extremadamente preocupante que el Gobierno intente poner fin al programa sin examinar individualmente las circunstancias de cada beneficiario.
«La Corte considera que los demandantes tienen legitimidad para impugnar la reducción de su participación en el programa», escribió la jueza en su orden judicial.
En el texto, señala que quienes llegaron a EE. UU. bajo el parole humanitario tienen derechos como trabajar legalmente, si cuentan con la autorización correspondiente, y que también pueden solicitar el ajuste de su estatus migratorio, así como otros beneficios.
Asimismo, la jueza enfatizó la suspensión de todas las notificaciones de revocación enviadas por USCIS, ordenando así que estas quedaran en pausa hasta nuevo aviso mediante una orden judicial.
«Todas las notificaciones enviadas a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a través de su cuenta en línea del USCIS (…) quedan suspendidas a la espera de una nueva orden judicial», señala la orden que firmó.
Además, criticó la falta de fundamentos en la interpretación legal del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. para justificar la eliminación del programa, apuntando que acortar el período del parole humanitario debería estar respaldado por una decisión razonada y no por una interpretación errónea de la ley.
Defensa del parole humanitario: vital para miles de cubanos
Tanto la jueza Indira Talwani como varios bufetes de abogados coinciden en que la revocación del parole humanitario intentada por la administración de Donald Trump no tiene precedentes y estaría, incluso, fuera del marco de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Quienes demandaron a la administración en defensa del parole señalaron que esta medida abrupta provocaría la pérdida del estatus legal y del derecho a trabajar legalmente a cientos de miles de personas, una decisión que consideraron «una disyuntiva angustiosa».
Asimismo, políticos y varias personalidades se manifestaron en contra del final abrupto del parole humanitario, incluidos congresistas cubanoamericanos y figuras de Florida.
Ciertamente, el parole humanitario ha tenido detractores desde su implementación por el entonces presidente Joe Biden en 2022. De hecho, el programa fue llevado a juicio por varios estados republicanos, pero sobrevivió a dicho ataque.
Más recientemente, apenas unos días después de asumir el poder, Donald Trump y su administración iniciaron una dura política migratoria que puso en riesgo tanto al parole como al TPS para los venezolanos, entre otras categorías migratorias promovidas por los demócratas en años previos.
Para los cubanos, siempre quedó la opción de esperar un año y un día para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, que es el único paraguas legal que podría ofrecerles un ajuste de estatus, pero ni los nicaragüenses, ni los haitianos ni los venezolanos tienen esta ventaja.
