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Recientemente, varias solicitudes de reunificación familiar de ciudadanos cubanos han sido rechazadas por la Embajada de Estados Unidos, según informes de Telemundo 51. La causa no radica en las acciones realizadas por los solicitantes, sino en sus lugares de trabajo.
Los casos presentan un patrón común: los solicitantes son médicos, maestros y enfermeros. Profesionales que han trabajado en instituciones estatales cubanas, como el Ministerio de Salud Pública o el Ministerio de Educación. Esta única afiliación laboral, comentan abogados migratorios en Miami, ha sido suficiente para que las autoridades consulares interpretaran una supuesta conexión con el Partido Comunista o el gobierno.
Joana Soler, abogada en el bufete de Willy Allen, ha recibido durante semanas expedientes con respuestas similares: inadmisibilidad por supuesta vinculación ideológica. “Estamos hablando de ciudadanos que solo cumplieron con su trabajo. No hay evidencia de activismo político, y aun así están siendo penalizados”, asegura la experta.
Un vistazo en redes sociales muestra el descontento. «Mis padres, ambos médicos, fueron rechazados. La carta de la Embajada se disculpa por un vínculo político que nunca existió», escribió una usuaria en Facebook. Otras personas denuncian trámites lentos, respuestas ambiguas y la frustración de ver interrumpido un proceso que, hasta ahora, era una vía legal y humanitaria para la reunificación familiar.
No se trata de una nueva legislación, sino de una interpretación. Un cambio de enfoque que, sin ser anunciado oficialmente, marca una diferencia drástica para miles de familias cubanas que desean reunirse. El historial de empleo estatal, que antes era solo un apunte en los formularios, se ha convertido ahora en un obstáculo.
Para contrarrestar esta tendencia, Soler propone una estrategia de defensa: demostrar que sus clientes no han tenido participación política activa, a pesar de haber trabajado en el sistema estatal. “Es una línea delicada, pero no podemos permitir que se generalice la idea de que todo trabajador público en Cuba es automáticamente afín al gobierno cubano”, sostiene en este sentido.
