Foto: Tomada de Escambray
El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular emitió este jueves un dictamen que informa que los actos vandálicos dirigidos contra infraestructuras y servicios esenciales para la población serán considerados como sabotaje.
El periodista estatal Humberto López comunicó la noticia a través de su perfil en la red social Facebook, y adelantó que se ofrecerán más detalles en la emisión del día del Canal Caribe.
Hasta ahora, se sabe que se incluirán en esta categoría los actos vandálicos contra los sistemas de transporte público, el robo de componentes de las vías férreas, así como partes y piezas de locomotoras, y la contaminación de sus depósitos de combustible.
Además, se prevé que se consideren similares acciones contra grupos electrógenos y parques fotovoltaicos que son parte del Sistema Electroenergético Nacional, así como contra la infraestructura y los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información y la comunicación.
El código penal cubano establece severas sanciones para quienes cometan delitos tipificados como sabotaje. El artículo 125 del Código Penal impone penas que oscilan entre 7 y 15 años de privación de libertad, mientras que el artículo 126 prevé castigos aún más drásticos: hasta 30 años de prisión, cadena perpetua o incluso la pena de muerte, en aquellos casos donde el acto ponga en riesgo la vida humana o la seguridad colectiva.
Además de las penas de prisión, el Código Penal incluye medidas accesorias como la confiscación de bienes, restricciones de movilidad y la obligación de reparar los daños causados, ampliando así el impacto de la sanción más allá del encarcelamiento.
En los últimos meses, varios incidentes de vandalismo han ocurrido en el país, incluyendo aquellos perpetrados contra el transporte público en La Habana.
Asimismo, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) en Artemisa ha reportado 16 actos vandálicos en lo que va del año, que han afectado directamente a su infraestructura de telecomunicaciones.
Estos delitos han incluido el robo de bajantes telefónicos, daños a la telefonía pública y afectaciones a la planta exterior.
