Foto: Mathias Buela
“Tienen más derecho que yo sobre algo que es mío”, ha afirmado una de las migrantes asentadas en el conocido “Barrio de los Cubanos” en San José de Carrasco Norte, Uruguay, tras conocerse la amenaza de desalojo de más de 60 familias cubanas que han edificado sus viviendas en dicha localidad.
La justicia uruguaya ha convocado a juicio a cerca de 92 personas ante esta amenaza, por habitar un asentamiento que pertenece a un centenar de personas que pagaron a una empresa para crear dos cooperativas para la construcción de viviendas en la urbanización Ciudad de la Costa, muy cerca de la capital, Montevideo.
Algunos de los cubanos afectados afirman no haber sido informados sobre esta situación por parte de sus propietarios, a pesar de llevar años residiendo allí, en casas de madera y bloques.
El medio local El País, que días antes había compartido el testimonio de supervivencia de estos cubanos, ahora presenta el descontento y la inquietud de sus habitantes ante tal decisión.
San José de Carrasco Norte es una zona periférica de Ciudad de la Costa, a 26 kilómetros de Montevideo. Los cubanos que allí residen ahora temen por su futuro en medio de un complicado trasfondo legal.
No solo los cubanos podrían estar en peligro. Algunos uruguayos que se han trasladado a la zona también han manifestado que los propietarios nunca reclamaron nada: “Cuando llegamos no había nada y nos dijeron que el dueño había fallecido. Ni cartel de propiedad privada ni alambre”, comentó Natalia Coitinho al medio citado. Ella reside en la parcela conocida por la ocupación de los inmigrantes cubanos.
“Parecía tierra de nadie”, concluyó, calificando de oportunista esta reclamación.
Es importante recordar que en la primera vista judicial los propietarios del terreno expresaron no tener interés en desalojar a las personas que viven allí. Su intención era vender todo.
En una segunda vista, los ocupantes del predio manifestaron su deseo de adquirirlo, aunque no cuentan con los 350.000 dólares que exige la otra parte.
Muchos solicitan tiempo al juez para regularizar su situación y que el Estado les brinde ayuda o algún tipo de préstamo.
“No queremos que nos regalen nada, pero sí queremos poder pagarles a ellos y luego nosotros, con tiempo, devolver todo al ente que nos apoye”, aseguró Natalia.
