Foto: Roy Leyra / Cuba Noticias 360
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha instado a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, a promover una acción internacional que respalde el derecho de los cubanos a manifestarse libremente sin temor a represalias, especialmente ante las protestas programadas para el 15 de noviembre en el país.
En una carta firmada por el director ejecutivo del OCDH, Alejandro González Raga, se solicita también al Gobierno cubano la liberación de todos los presos políticos actualmente encarcelados y se emite un llamado de alerta a la población, considerando que las autoridades han prohibido las manifestaciones.
Según las recientes medidas adoptadas por el Estado cubano para disuadir a los manifestantes, el OCDH opina que hay una alta probabilidad de que se «repitan las acciones violentas contra los manifestantes», como informa el canal Euronews.
«La respuesta del Gobierno ha sido la expulsión de algunos de los convocantes de sus lugares de trabajo y la amenaza de la Fiscalía de que deberán enfrentar consecuencias si deciden marchar», señala el texto.
El documento hace referencia a la represión que se produjeron durante las protestas de julio y enfatiza que Bachelet «no debe permanecer en silencio ante las graves violaciones de derechos que sufren cientos de cubanos, en su mayoría jóvenes e incluso menores de edad».
Junto con la carta, el OCDH ha enviado un informe jurídico que reafirma la legitimidad de la marcha del 15 de noviembre, fundamentándose en las propias leyes cubanas y en los compromisos internacionales que La Habana está obligada a cumplir sobre derechos humanos.
La información destaca que las autoridades cubanas no tienen reconocimiento «dentro del ordenamiento jurídico nacional para limitar los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución».
El OCDH concluye en su documento jurídico manifestando que las opiniones o condiciones políticas de los organizadores de la marcha «no les priva de su condición humana ni de sus derechos fundamentales universales». «Argumentar la negación de derechos por tales razones equivale a discriminación», reportó Euronews.
