Foto: Roy Leyra
Texto: Darcy Borrero
Con imágenes de patrullas y vehículos volcados y destruidos por manifestantes el 11 de julio, Cubadebate publicó 24 días después de los eventos, un artículo que establece en 62 el número oficial de personas enjuiciadas en Cuba por lo que el gobierno considera delitos relacionados con las protestas populares en casi todas las provincias del país.
Bajo el encabezado “Así marchan las investigaciones penales tras los sucesos del 11 de julio en Cuba”, el periodista oficial Oscar Figueredo Reinaldo informó que “en los tribunales municipales se han juzgado, hasta el momento, 62 personas en relación con los sucesos del 11 de julio”. Según Figueredo, la información fue proporcionada a Cubadebate por Joselin Sánchez Hidalgo, magistrado del Tribunal Supremo Popular y Director de supervisión y atención a la población.
“Según el magistrado, los ciudadanos que se presentaron ante el Tribunal, a través de los órganos de investigación y la Fiscalía, fueron aquellos que llevaron a cabo acciones agresivas, violentas y perjudiciales, consideradas como delito de acuerdo al Código penal vigente”, se indica en el artículo, que además señala que “entre los delitos más comunes se encuentra, en primer lugar, el desorden público”. Del total juzgado —se precisa—, “53 recibieron sanciones por este delito, y otros (9) por resistencia, desacato, instigación a delinquir y daños”.
Gracias a iniciativas de la sociedad civil, se han registrado hasta ahora 21 casos de personas enjuiciadas. A diferencia de la información oficial, la documentación ciudadana, aunque representa un subreporte realizado con diversas dificultades para asegurar la protección de los datos y de las personas que los aportan y recogen, ofrece detalles como nombres y apellidos de los detenidos, edades, estado de la causa, provincias y lugares de residencia, fecha de nacimiento y de detención, entre otros detalles verificados directamente con familiares y a través de redes sociales.
“Gracias a la presión en las redes y otras acciones mediáticas, Gabriela Zequeira de 17 años, Anyelo Troya, Alexander Diego Gil Valle y Carlos González Acosta, se encuentran actualmente bajo prisión domiciliaria mientras esperan apelación, que podría tardar 2 meses”, publicó Salomé García Bacallao, una de las ciudadanas que realizan la labor de documentación.
Por otro lado, —señaló García Bacallao—, “Alexander Fabregas Milanés, Alexander Rodríguez Cárdenas, Annia Romero Fonseca y Yanay Bárbara Solaya Baruh, Armando Sardiñas Figueredo, Damián Acevedo Quintana, Dashiel Alfonso Catá, Deysi Del Cueto y Yeralis Del Cueto Delgado, Gerleys Rodríguez Regalado, Juan Dennis Rodríguez Gómez, Lisandra Felgueira, Mayra Taquechel Louit, Orquídea León Prieto, Silvio Herrera Arango, Yeneisy Hernández Martínez y Yohana Callejo Estrada, siguen cumpliendo sentencias que van de 8 meses a un año en prisión”. “Contrario a lo que dice Cubadebate, ninguno de estos individuos fue violento; fueron ellos quienes sufrieron violencia por parte de la policía”, considera la joven graduada en Conservación de Patrimonio.
Destacó que la mayoría de los juicios han tenido lugar en La Habana, aunque la iniciativa liderada por la abogada Laritza Diversent también ha documentado juicios en Villa Clara y Sancti Spíritus.
Personas que han sido testigos de los juicios sumarios colectivos, a las que he podido acceder, manifiestan que se les ocultó información sobre estos, así como sobre las causas, expedientes judiciales e incluso, en los primeros momentos, sobre el paradero de sus familiares detenidos.
Juana Rizo, esposa de Juan Dennis Rodríguez Gómez (31 años), recuerda en el juicio, entre los 12 acusados, a Anyelo Troya y Carlos Acosta, liberados en espera de apelación, y a Armando Sardiñas (20 años), quien “está preso con una sanción de 10 meses a un año de privación de libertad”. Yaquelín Salas, esposa del acusado Dashiel Alfonso, también juzgado junto a Juan Dennis, compartió su testimonio a Cubanet. Sus declaraciones coinciden. Ambas fueron las únicas que tuvieron abogados presentes defendiendo a sus esposos. Juana considera que el Fiscal se desvió mucho del tema: “Preguntaba sobre convicciones ideológicas, qué significaba para ellos ‘Patria y Vida’, y por qué protestaban.
Los abogados señalaron que se estaba saliendo del asunto, que lo estaban politizando. Y la jueza preguntaba quién tenía hijos y en qué trabajaban”. “Algunos afirmaban que no estaban: ‘fui a comprar cigarrillos, iba para mi trabajo, iba para mi casa, fui a botar la basura’, porque había gente que vivía cerca de donde fueron detenidos. ¿Y en qué se basan las autoridades? ¿En qué se basa el Fiscal? ¿Basándose en que revisaron ilegalmente los teléfonos de miles de personas? ¿Con qué orden lo hicieron? Si tenían políticas de seguridad, los hackearon. Y a pesar de eso, muchas personas negaban haber filmado videos.
El Fiscal se fundamentaba en ‘pruebas documentales’, que son investigaciones policiales y del jefe del sector. Trabajaron de manera muy ineficaz, ya que ni siquiera contaban con denunciantes serios que pudieran confirmar haber visto a los acusados en las protestas”, resaltó y reiteró que los juicios fueron grabados. Habrá que determinar con qué fines y si estarán disponibles para periodistas bajo la futura Ley de Transparencia.
