Foto: Roy Leyra | CN360
Prevista para su aprobación durante la sesión parlamentaria de diciembre de este año, el gobierno cubano está afinando los detalles de la futura Ley de Empresas.
Una encuesta realizada a cerca de 600 empresas estatales ha permitido a las autoridades debatir sobre el alcance, objetivos y principios de dicha ley, cuyos postulados aún no han sido divulgados.
Se están evaluando aspectos como los movimientos organizativos, la descentralización, la tipología, la integración, el patrimonio, las formas de asociarse o expandirse, el régimen económico, la autonomía, las relaciones financieras con el Estado, la participación de los trabajadores, los órganos de dirección, la responsabilidad social y el control interno, entre otros; de acuerdo con el ministro de Economía cubano, Alejandro Gil Fernández.
En una de sus declaraciones a la prensa estatal, Gil mencionó: «Esta ley contribuirá a clarificar muchos aspectos relacionados con sus misiones, gobernanza, juntas de gobierno, OSDE (organización superior de dirección empresarial), asignación de recursos, y las facultades para fomentar la inserción internacional y crear negocios con inversión extranjera, entre otros temas».
El anteproyecto «está en preparación para ser evaluado por la direção del país», agregó el titular del ministerio.
Es importante recordar que la Constitución cubana establece en su artículo 27 que la empresa estatal «es el sujeto principal de la economía nacional». Aunque reconoce su autonomía en administración y gestión, sigue siendo altamente dependiente de las decisiones y regulaciones que impone la dirección del país.
Diversos economistas coinciden en que la norma no debería generar altas expectativas entre la población y los empresarios, ya que el conglomerado empresarial cubano, afectado por numerosas pérdidas, ha obstaculizado los intentos de estabilización económica en Cuba.
