Foto: RRSS
Texto: Hugo León
El duelo que cubrió a Cuba durante los últimos días de la semana pasada, tras el asesinato de una familia en Matanzas a manos de otro ciudadano cubano, rápidamente se transformó en un clamor de desprecio hacia el agresor, generando duras reacciones en las redes sociales.
La comunidad cubana se enteró de que el presunto autor del crimen fue capturado cuando intentaba abandonar el país de manera ilegal. Desde entonces, las plataformas digitales se inundaron durante el fin de semana con mensajes que exigían la condena más severa: la pena de muerte.
En Facebook y en grupos de Telegram vinculados a medios estatales como “Debate en Cuba”, del portal oficial Cubadebate, se pueden encontrar cientos de comentarios sobre este tema.
Los mensajes, algunos tan contundentes que debieron ser moderados por los administradores del chat, expresan que el asesino, responsable de la muerte de una familia entera (una pareja y su hijo menor), no merece el perdón social y que el Estado debe hacerle pagar con su vida por las tres vidas que extinguió.
El clamor casi unánime por el “paredón” subraya que quien no respeta la vida ajena no tiene derecho a que se respete la suya, y que solo a través de la pena de muerte se podrá dar un ejemplo a los criminales, en un contexto marcado por el aumento de la violencia en la isla.
Algunos internautas han cuestionado la permisividad de la ley cubana frente a estos actos y se preguntan hasta cuándo permanecerá así. Consideran que el Estado debe reconocer que los robos y la criminalidad han aumentado en los últimos meses.
A pesar de la radicalidad de algunos mensajes que piden un juicio televisado, hay quienes opinan que esto sería excesivo, argumentando que exigir la pena de muerte resulta abusivo y podría causar un luto adicional a otra familia cubana: la del acusado.
Mientras tanto, otros sostienen que la pena de muerte liberaría al autor de las consecuencias de su crimen, sugiriendo que una condena de cadena perpetua sería un castigo más riguroso.
Pena de muerte en Cuba
Las últimas ejecuciones en Cuba se llevaron a cabo en 2003 contra un grupo de cubanos que intentaron secuestrar una lancha, aunque no causaron la muerte de nadie a bordo.
Durante el periodo republicano (1902-1958), la pena de muerte fue objeto de debate en diversas ocasiones. Tras varias votaciones, se decidió incluirla en la Constitución de 1901, aunque estaba prohibida para delitos políticos.
La Constitución de 1940 abolió completamente la pena capital, con escasas excepciones para delitos militares o traición en tiempo de guerra.
El gobierno revolucionario implementó cambios significativos y amplió el uso de la pena de muerte, que aplicó con firmeza en sus primeros años debido a motivos políticos.
Actualmente, con el Código Penal vigente, son 24 los delitos que pueden conllevar la pena capital, cuatro más que antes, y estos nuevos delitos están relacionados con la seguridad del Estado.
De los 24, más de la mitad son delitos de índole política, denominados por el gobierno como “sedición” o “contra la seguridad del Estado”, y contemplan penas de prisión o la pena de muerte.
