Foto: Roy Leyra / Cuba Noticias 360
Este domingo, el Ministro de Justicia de Cuba, Oscar Manuel Silveira Martínez, encabezó la creación de un grupo de trabajo temporal encargado de desarrollar una Propuesta de Ley para la Atención de la Población.
La información, divulgada por el Canal Caribe de la televisión cubana, subrayó el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 61 de la Constitución de la República de Cuba, en línea con la alta prioridad que la dirección del país otorga a esta cuestión.
Silveira Martínez destacó que la atención a la población, entendida como un derecho ciudadano y humano, requiere, desde su formulación constitucional en el artículo 61, establecer el modo en que se ejerce este derecho, que será debidamente regulado por una ley.
El Ministro de Justicia cubano enfatizó que es fundamental identificar con precisión los problemas que enfrenta la sociedad para, a partir de ello, elaborar la propuesta de la norma jurídica.
Adicionalmente, comentó que el grupo de trabajo debe llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre el tema, considerando antecedentes normativos y de trabajo, así como la experiencia acumulada durante años en el cumplimiento de este deber y derecho, que, según afirmó, es inherente a la esencia misma de la revolución.
El grupo incluye a la jefa de la Oficina de Atención a la Población de la Presidencia y el Consejo de Ministros, María del Carmen Cedeño Rodríguez, miembros del Consejo de Dirección del Ministerio de Justicia y especialistas de organismos con experiencia y logros destacados en la atención a la población.
La directiva manifestó que se busca unificar en un solo cuerpo normativo las regulaciones de los organismos con mejores resultados, y subrayó que la ciudadanía no desea que sus quejas se queden siempre en el mismo lugar donde se originan.
El artículo 61 de la constitución cubana establece que las personas tienen, entre otros derechos, la facultad de dirigir sus quejas y peticiones a las autoridades, las cuales están obligadas a tramitarlas y proporcionar respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas dentro del plazo y de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley.
