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La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro para la Democracia en las Américas (CDA) han emitido una declaración conjunta en apoyo al proyecto de Ley de Libertad para Exportar a Cuba, así como a la carta bipartidista enviada al Presidente Biden que solicita la reducción de las sanciones al sector privado en la isla.
De acuerdo con lo publicado en la web oficial de la asociación, “WOLA y el CDA celebran los esfuerzos continuos de los senadores para impulsar una revisión de la política estadounidense hacia Cuba”.
La declaración hace referencia al proyecto de ley que fue presentado al Congreso el 6 de marzo por la oficina de la senadora Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota, seguido por una carta bipartidista liderada por el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden (D), el 15 de marzo, en la que se solicita a la administración Biden-Harris que alivie las restricciones al sector privado en Cuba, así como al comercio, las comunicaciones y los viajes hacia la isla.
“Eliminar las políticas estadounidenses que limitan el sector privado y la sociedad civil en Cuba, y que causan mayor daño a las comunidades vulnerables, es fundamental para apoyar al pueblo cubano y el futuro de la isla. Es crucial que el Congreso actúe de manera proactiva en la política hacia Cuba, y la naturaleza bipartidista de este proyecto de ley y de la carta es un aspecto especialmente positivo”, indica el texto firmado por ambas organizaciones.
Según el documento oficial, la eliminación de estas restricciones económicas “permitiría a EE. UU. abordar mejor las cuestiones humanitarias y de seguridad nacional, enfrentar la reciente afluencia de migrantes cubanos y reflejar de manera más cercana la voluntad y las necesidades de los pueblos de los Estados Unidos y Cuba.”
Ambas instituciones coinciden en que, durante las últimas seis décadas, el embargo no ha beneficiado los intereses estadounidenses de cambio en Cuba, sino que, por el contrario, ha perjudicado a los productores y empresas de EE. UU.
Asimismo, aclaran que “no hay duda de que el gobierno cubano tiene responsabilidad en la crisis humanitaria actual que enfrenta Cuba. Sin embargo, el embargo también impacta gravemente la economía cubana y plantea obstáculos a la asistencia humanitaria en un momento crítico, en el que el país enfrenta escasez de productos básicos y suministros médicos.”
