Un extenso y complejo proceso de reforma judicial dará inicio en Cuba con la consulta y análisis de cuatro anteproyectos de leyes. Estas propuestas incluyen transformaciones en las normativas relacionadas con los Tribunales de Justicia, el Proceso Administrativo, el Código de Procesos y el Proceso Penal, buscando incorporar las prácticas más modernas del derecho en el ámbito judicial e investigativo.
Además, se prevén cambios significativos en cuanto a la estructura, conformación y funcionamiento, por lo que resulta relevante la consulta que se llevará a cabo en los próximos días con la participación de diputados, juristas, profesores de Derecho de diversas universidades, miembros de los órganos de procesamiento penal del Ministerio del Interior y otros especialistas del país.
Por ejemplo, entre los principales cambios previstos en el anteproyecto de la Ley de los Tribunales de Justicia se destacan aquellos destinados a fortalecer la seguridad jurídica, así como los principios de independencia judicial, imparcialidad, transparencia y control popular.
También se resalta el carácter vinculante de las decisiones de estos órganos y se regularán los requisitos que deben cumplir los magistrados del Tribunal Supremo Popular y demás jueces, así como el proceso de elección de estos y las causas y procedimientos para su revocación o cese en funciones.
Desde la Ley del Proceso Administrativo se propone permitir que los ciudadanos acudan a los tribunales cuando la administración afecte sus derechos, además de establecer regulaciones sobre las disposiciones reglamentarias, las actuaciones materiales y las omisiones de la administración pública.
La Ley del Código de Procesos uniformaría los procedimientos para la gestión y resolución de asuntos relacionados con las materias civil, familiar, mercantil, laboral y de seguridad social; también definiría el rol de los tribunales de justicia como garantes de los derechos e intereses legítimos de las personas.
Por otro lado, la Ley del Proceso Penal introduce y sistematiza los principios y garantías del debido proceso penal, así como los derechos y deberes de los participantes, respaldados por la Constitución de la República de Cuba y en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por el país en esta área.
Según indica José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la población cubana también tendrá la oportunidad de participar. Para ello, el contenido de los anteproyectos está disponible en la página web del Parlamento, y se podrán recibir opiniones a través de las diferentes vías de comunicación que esta institución ofrece, incluidos sus correos electrónicos.
