Foto: Cuba Noticias 360
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, exigió respuestas sobre las conexiones entre Twitter y agencias gubernamentales de EE.UU. en las acciones dirigidas contra la isla.
A través de Twitter, el canciller cubano indicó que los llamados Twitter Files, “documentos filtrados a periodistas, demuestran que las agencias de inteligencia de EE.UU., el Pentágono y el Departamento de Estado estaban coordinando acciones de guerra psicológica con Twitter”.
Además, destacó que “paralelamente, el FBI pagaba a la compañía para que atendiera a sus solicitudes”.
Rodríguez subrayó que el editor de la plataforma Substack, Matt Taibbi, reveló que “en las extensas listas de cuentas que Twitter recibió con instrucciones de censura, figuran usuarios cubanos, ‘marcados para moderación o ejecución digital’”.
En su publicación en la red social, el canciller cubano dio a conocer que el editor alegó que “el gobierno de EE.UU. mantenía un contacto constante no solo con Twitter, sino con prácticamente todas las empresas tecnológicas importantes… Esto incluyó a Facebook, Microsoft, Verizon, Reddit, incluso Pinterest y muchas más”.
Más adelante, el ministro cubano reafirmó su denuncia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de noviembre pasado, donde afirmó que “el gobierno estadounidense destina decenas de millones de dólares del presupuesto federal y fondos encubiertos, y recluta a instituciones gubernamentales y empresas privadas para financiar a los operadores políticos que llevan a cabo campañas de desinformación, odio y desestabilización en las redes digitales contra Cuba”, según informó la agencia estatal Prensa Latina.
Sobre este tema, Rodríguez Parrilla aseguró que “Twitter y Meta (Facebook), que ahora cuenta entre sus principales directivos con quien fue jefe de campaña de un senador republicano anticubano; implementaron, al mismo tiempo, acciones de censura contra medios públicos y usuarios cubanos”.
La decisión de Twitter de etiquetar varias publicaciones cubanas como “vinculadas al gobierno” fue para el canciller una “acción selectiva, coordinada, que infringe el derecho a la libre expresión de los cubanos y refleja la subordinación de estas empresas a los deseos de los políticos estadounidenses”.
