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Un informe reciente del periódico estatal Granma ha revelado que más de 60 personas han sido procesadas entre febrero y octubre por la extracción ilegal de oro en la provincia de Ciego de Ávila.
El artículo señala que los cubanos han sucumbido a la “fiebre del oro”, especialmente en la zona de El Pilar, en el municipio avileño de Baraguá, violando las normas cubanas establecidas en la Ley 76 de Minas.
Humberto González Figueroa, presidente del Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila, declaró que de los sancionados, el Tribunal Municipal de Baraguá ha manejado 16 casos relacionados con la minería ilegal.
Entre estos casos, hay una denuncia por desobediencia y un proceso en curso por el delito de cohecho, el cual podría conllevar una pena de hasta ocho años de prisión, conforme al apartado cinco del artículo 194 del actual Código Penal.
El experto en Derecho Penal detalló que se han llevado a cabo cinco juicios por el delito de contaminación de suelos, resultando en la sanción de seis personas: tres con privación efectiva de libertad, dos con trabajo correccional con internamiento, y un joven de 18 años, de buena conducta, que recibió una pena alternativa por trabajo correccional sin internamiento.
Además, se impuso a otro individuo diez meses de trabajo correccional, sin internamiento, por desobediencia, según añadió González.
La nota también menciona que aún hay nueve juicios pendientes por este mismo delito, los cuales deben realizarse este mes.
Mientras tanto, los acusados están bajo medida cautelar de prisión provisional y prohibición migratoria, excepto dos personas que han sido liberadas bajo fianza.
El propio medio estatal resalta la reciente publicación de este tipo de información sobre estos delitos. El primer reportaje en un medio estatal sobre la extracción ilegal de oro en Ciego de Ávila se dio a conocer a finales de diciembre de 2021 a través de una nota de la Agencia Cubana de Noticias.
En esa ocasión, se informó de las acciones legales emprendidas contra 300 personas dedicadas a la extracción ilegal de oro y se impusieron 90 multas por violaciones legales.
Asimismo, se dio a conocer el decomiso de 50 sacos con 47.4 kg de mineral, dos bicicletas, un vehículo de tracción animal (incluyendo un caballo) y herramientas utilizadas para la excavación y detección de metales. También se aplicaron “medidas profilácticas” a 70 personas provenientes de Las Tunas y Camagüey.
De acuerdo con el Código Penal cubano, los involucrados en estos delitos podrían enfrentar sanciones de uno a tres años de prisión por “atentar contra los recursos naturales de la nación, de los cuales el Estado cubano es propietario”, afirmó Granma.
En relación a la Ley 76 de Minas, de enero de 1995, su artículo cuatro establece que “al Estado le corresponde el dominio inalienable e imprescriptible del subsuelo, las minas y todos los recursos minerales, dondequiera que estos se encuentren, conforme a las regulaciones constitucionales”.
