Mailén Díaz Almaguer, la única sobreviviente del accidente del Boeing 737 en Cuba, podría presentar una demanda contra la compañía mexicana que operaba la aeronave, a través de un proceso judicial en las cortes españolas.
Cuatro años después del siniestro en el que perdieron la vida 113 personas, Díaz Almaguer ha interpuesto una demanda ante la Audiencia Nacional solicitando que se investigue a la empresa mexicana Global Air y a su director general, de nacionalidad española.
La sobreviviente, junto a los familiares de dos de las víctimas del accidente (el hijo y la nieta menor de edad de Pedro Luis Trujillo y Aietana Trujillo, de nacionalidad española y residentes en Madrid), intentará que se imputen al presidente de la compañía delitos de homicidio (uno por cada fallecido) y lesiones imprudentes.
De acuerdo con el periódico La Razón, la denuncia indica que la tripulación “no contaba con la formación adecuada para responder de forma eficiente” ante una emergencia de este tipo y sostiene que la aeronave “no se encontraba en condiciones de ser operada con seguridad”.
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 ya ha comenzado diligencias previas y ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos, antes de decidir si admite a trámite la querella.
Los denunciantes argumentan que “se vulneraron las normas más elementales de cuidado, materializadas en la infracción de la normativa relativa al mantenimiento de la aeronave, poniendo en riesgo la vida de 114 personas”, a pesar de conocer “el peligro que representaba realizar el vuelo en dichas condiciones”.
La defensa basa sus conclusiones en el informe elaborado en septiembre de 2019 en Cuba por la Comisión Estatal de Investigación de Incidentes y Accidentes Aéreos, que señala que, inmediatamente después de despegar, el avión sufrió un ángulo de banqueo anormal y extremo hacia la derecha en seis ocasiones, siendo la última incontrolable para los pilotos, quienes “lucharon denodadamente” durante 35 segundos para intentar salvar la aeronave, que fue fletada por la compañía estatal Cubana de Aviación pero operada por la mexicana Damohj S. A. (conocida comercialmente como Global Air).
El documento también sostiene que “no se han depurado responsabilidades penales ni civiles por parte de las autoridades de ningún estado”, lo que les lleva a sentirse “obligados” a acudir a la jurisdicción española para que se investigue lo ocurrido.
