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El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas ha otorgado al Gobierno de Cuba un plazo hasta el 7 de febrero próximo para que proporcione información sobre las presuntas personas desaparecidas en el marco de las protestas del 11 de julio pasado.
De este modo, el Comité, que forma parte de la Oficina del Alto Representante de la ONU para los Derechos Humanos, responde a denuncias presentadas por diversas entidades, entre ellas, la ONG Cubanos por la Democracia, con sede en España, según detalla Efe.
De acuerdo con una carta del Comité a la que tuvo acceso la agencia de noticias española, la organización internacional solicitó a La Habana datos sobre las «medidas adoptadas» para encontrar a los desaparecidos, así como el número de personas localizadas gracias a estos esfuerzos.
En la misiva, se pide también información sobre las investigaciones relacionadas con estas presuntas desapariciones, junto con detalles sobre las reparaciones a las víctimas y las acciones implementadas para prevenir tales hechos.
Además, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas exige al gobierno cubano conocer cuáles son los mecanismos adoptados para prevenir las desapariciones, con el fin de evitar situaciones similares en el futuro.
Según Efe, la denuncia de Cubanos por la Democracia incluye el cálculo de la ONG Prisoners Defenders, que defiende los derechos humanos en Cuba y que reportó 187 posibles desapariciones forzadas tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio.
El pasado 13 de diciembre, Cubanos por la Democracia solicitó a la ONU la aplicación del artículo 34 de la Convención del Comité contra Desapariciones Forzadas, que establece la investigación y eventual sanción cuando se confirma que estas prácticas se aplican de manera sistemática en un Estado Parte.
El director jurídico de Cubanos por la Democracia, Reimel Ariosa, destacó que las desapariciones forzadas no solo engloban la detención arbitraria, ilegal y no comunicada, sino también el traslado de presos o detenidos entre distintas instituciones penitenciarias sin informar a sus familiares.
Ariosa añadió que la ONG a la que pertenece también ha solicitado al Comité que «eleve la investigación a la Secretaría General de la ONU, para que se abra un debate sobre si Cuba debería continuar siendo parte de este convenio».
Los informes de desapariciones forzadas en la isla se han extendido tras las protestas del 11 de julio en Cuba, que han sido las más significativas registradas en la última década, asociadas a demandas de cambio.
