A 20 años de conmemorarse la llegada de los primeros detenidos a la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, la administración Biden reafirmó su compromiso de clausurar el centro de detención, que fue establecido como parte de la denominada guerra contra el terrorismo, tras los eventos del 11 de septiembre de 2001.
Durante una conferencia de prensa, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, declaró que están “enfocados en reducir de manera responsable la población de detenidos y, en última instancia, en cerrar las instalaciones”, según reportó la agencia de noticias Europa Press.
El funcionario admitió que hay “una mancha moral vinculada a estas instalaciones” y subrayó que Washington busca identificar países apropiados para realizar el traslado de los 39 detenidos que se encuentran en el centro, creado en 2002, así como negociar acuerdos de transferencia.
Además, el portavoz de la política exterior estadounidense mencionó que se buscan “garantías de seguridad y tratamiento humano para los detenidos”, precisando que parte de ello depende de la Oficina de Regulación Periódica (PRB), la cual se encarga de definir qué detenido no está sujeto a la ley sobre prisioneros de guerra.
“En este proceso, la PRB determina que un detenido ha sido considerado apto para su traslado y puede recomendar países a los que ser enviados, pero no a dónde”, explicó Price, quien añadió que el Departamento “mantiene contacto regular con países de todo el mundo” para llevar a cabo los traslados y “cerrar” Guantánamo.
Las declaraciones del funcionario estadounidense se producen a poco más de una semana de que el presidente de EE. UU., Joe Biden, firmara la ley federal de presupuesto, gastos y políticas del Departamento de Defensa, solicitando al Congreso la eliminación de las restricciones para el traslado de los prisioneros de Guantánamo.
No obstante, al firmar la ley de Autorización de Defensa Nacional, el mandatario criticó el documento por incluir disposiciones que impiden el traslado de los detenidos a otras cárceles, tanto dentro del país como fuera de sus fronteras.
Ante esa limitación, Biden indicó que “la ley sigue prohibiendo el uso de fondos para transferir a los detenidos de Guantánamo a la custodia o control efectivo de ciertos países extranjeros (…) incluyendo Estados Unidos, a menos que se cumplan determinadas condiciones”.
Desde la elección de Biden como presidente de Estados Unidos, analistas y políticos han señalado las dificultades que enfrentará el mandatario en su objetivo, debido a la escasa atención que la opinión pública presta a este asunto. Sin embargo, uno de los puntos a favor de la gestión del actual presidente es el elevado costo presupuestario de la prisión en Guantánamo, que superaba en 2020 los 445 millones de dólares.
