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El gobierno cubano ha aprobado, mediante una sesión del Consejo de Estado, dos decretos leyes. El primero se refiere a las personas designadas para ocupar cargos de dirigentes y funcionarios, mientras que el segundo aborda los contratos bancarios.
La nueva legislación sobre dirigentes y funcionarios modifica el Decreto Ley 197. En este sentido, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, destacó que surge a partir de la necesidad de ajustar la norma anterior, teniendo en cuenta las experiencias obtenidas de su aplicación, las diversas actualizaciones que ha tenido, los cambios impuestos por la nueva Constitución de la República, las transformaciones en el sistema de trabajo con los cuadros y la aprobación del Código de Procesos.
Respecto al segundo Decreto Ley, Francisco Mayobre Lence, vicepresidente primero del Banco Central de Cuba, señaló que la baja regulación y reconocimiento de los contratos bancarios, según el marco legal cubano, generó la necesidad de establecer un marco jurídico que los regule, con el fin de contar con reglas de actuación claras y un entorno favorable para la protección del consumidor en los servicios financieros, informa el diario Granma.
Durante la sesión también se presentaron legislaciones que podrían ser objeto de debate en el próximo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, programado para diciembre.
Entre los proyectos más conocidos por la ciudadanía se encuentra el de ley de Comunicación Social y el de Fomento y Desarrollo de la Ganadería. Por su parte, Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, remarcó la importancia del proyecto de ley de Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social, con el objetivo de completar el régimen jurídico de la expropiación bajo dichas condiciones.
Además, Gladys Bejerano Portela, contralora general, presentó los aspectos principales del proyecto de ley de la Contraloría General de la República de Cuba y del Sistema de Control Superior de los Fondos Públicos y de la Gestión Administrativa.
Por último, la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, se centró en la propuesta normativa relacionada a dicho órgano, la cual busca actualizar la ley vigente.
