Foto: Jorge Luis Toledo
El gobierno cubano incrementará las pensiones de los jubilados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (Minint), así como a otros miembros de estos cuerpos que han quedado inválidos tras su participación en diversas acciones armadas.
Dicha medida, que entrará en vigor a partir del próximo mes de agosto, beneficiará a más de 13,000 combatientes y fue destacada por el presidente Miguel Díaz-Canel como “una decisión en favor de los cubanos y cubanas que han entregado lo mejor de sí a la patria.”
“El Grupo de Trabajo Temporal para la Tarea Ordenamiento aprobó aumentar las pensiones para los veteranos de la lucha clandestina y del Ejército Rebelde, que hayan sido jubilados bajo el Régimen General de la Seguridad Social, así como para los combatientes de las FAR y el MININT que hayan sufrido invalidez parcial durante el cumplimiento de sus misiones, tanto en Cuba como en otras partes del mundo,” añadió el diario estatal Tribuna.
La pensión para este grupo en Cuba se elevará en 1,528 pesos, una suma que reemplazará la prestación de Asistencia Social al 65% que reciben actualmente, y también se aplicará a los 4,288 combatientes que no contaban con esta ayuda, según la información proporcionada.
Tribuna señaló que la nueva ley beneficia especialmente a combatientes de avanzada que enfrentan mayores problemas de salud debido a su participación en misiones internacionales o acciones combativas, que les han ocasionado heridas o diversas dolencias que han empeorado con el tiempo.
Históricamente, las jubilaciones de este sector han sido más altas en comparación con otros grupos vulnerables de trabajadores retirados en la isla, quienes, tras la implementación de la llamada tarea ordenamiento, han manifestado que, a pesar de los aumentos salariales, sus ingresos no son suficientes para cubrir todas sus necesidades básicas, incluyendo los altos costos de la electricidad y los alimentos.
La implementación de esta medida se produce en medio de una grave crisis económica que ha generado crecientes descontentos en la población, provocando protestas aisladas en diferentes regiones del país debido a la falta de acceso a insumos esenciales como alimentos y medicamentos.
El descontento popular también se ha centrado en la apertura de tiendas en MLC y la nueva normativa que impide a los cubanos depositar divisas en los bancos a partir del 21 de junio, dos leyes que han sido consideradas impopulares tanto por especialistas como por la ciudadanía en general.
Después del anuncio de esta medida en favor de los ex integrantes de las FAR y el MININT, no se tiene conocimiento de un nuevo proyecto para aumentar las pensiones de otros sectores de la población cubana que se encuentran en una situación menos favorable.
