Imágenes: Cuba Noticias 360
Redacción: Hugo León
Las manifestaciones en Nuevitas, ocurridas hace poco más de un año en medio de apagones de hasta 18 horas, finalmente han tenido respuesta del gobierno: la fiscalía solicita penas severas para 14 imputados, argumentando cargos contra la seguridad nacional del país.
Según la información disponible, los acusados son 11 hombres y tres mujeres con edades entre 21 y 44 años, a quienes se les imputa por sedición, propaganda enemiga de carácter continuado, atentado, resistencia, sabotaje y encubrimiento.
La Fiscalía ha pedido penas de hasta 15 años de prisión para los involucrados.
De acuerdo con el fiscal, hay 11 casos de sedición, dos por propaganda enemiga de carácter continuado, una acusación de resistencia, otra de encubrimiento y una de sabotaje. Una de las penas de 15 años corresponde a una ciudadana que grabó las protestas y la reacción de la policía.
Cuatro de los acusados enfrentan penas de 15 años de privación de libertad, uno se enfrenta a 11 años, ocho ciudadanos podrían recibir condenas de 10 años y una persona tendría una pena de cuatro años.
Como suele ocurrir en estos casos, independientemente de si la protesta fue pacífica o no, la fiscalía consideró que se trataba de sedición porque consideran que son “principales promotores del desorden” y buscan “crear un caos interno en la ciudad” que ponga en riesgo la tranquilidad ciudadana.
Reiterando el discurso de las máximas autoridades, la fiscalía afirma que la intención es provocar un estado de ingobernabilidad y desobediencia civil que se propague por Camagüey, con el objetivo de “socavar el sistema sociopolítico vigente en la nación”.
En Cuba, donde desde 2021 la población ha dejado de dudar en salir a las calles a exigir electricidad o reivindicaciones sociales, el gobierno ha impuesto numerosas sentencias por sedición, donde las penas pueden llegar incluso a 30 años de cárcel, aunque no se haya demostrado la violencia de los acusados.
Al respecto, organizaciones no gubernamentales y activistas independientes han denunciado que estos juicios no solo presentan graves irregularidades en el llamado “debido proceso”, sino que las sentencias tienen un carácter disuasorio para evitar que otros millones de cubanos se atrevan a manifestar.
La Constitución vigente en Cuba, aprobada en 2019, ni siquiera menciona la palabra protesta, y al referirse al derecho de reunión y manifestación, establece que el Estado solo las reconoce si se ejercen “con respeto al orden público y al cumplimiento de las disposiciones legales”.
La misma Constitución asegura, en su artículo 54 del Capítulo II, que “el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión”. Tales libertades, en la práctica, evitarían la aplicación del delito de sedición, que no se menciona en la Constitución, sino en el Código Penal.
Las protestas en Nuevitas ocurrieron entre el 18 y el 19 de agosto de 2022 y se destacaron entre las más masivas ocurridas tras las multitudinarias manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021.
En ambos casos, la respuesta policial interrumpió las protestas, algo que el gobierno ha negado, pero que es evidente en los videos circulando en redes sociales y en numerosas declaraciones de ciudadanos.
También en ambas situaciones, las autoridades locales y nacionales señalaron que entendían el malestar generado por las protestas, que “confundía a los revolucionarios”, pero consideraron que las manifestaciones estaban injustificadas, como se evidencia en las condenas solicitadas por la fiscalía.
