Foto: Roy Leyra | CN369
Texto: Hugo León
En línea con las recientes declaraciones del presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo, acerca de la necesidad de confiscar propiedades o mercancías de quienes infrinjan las leyes, la Fiscalía General de la República está evaluando el perfeccionamiento de las leyes que regulan el proceso confiscatorio en la isla.
Según un artículo publicado en el sitio oficial de esa alta institución cubana, el procedimiento administrativo confiscatorio vigente en el país desde 1994 “presenta un alto grado de obsolescencia”, en comparación con las transformaciones realizadas en el ámbito jurídico tras la promulgación de la Constitución de la República de Cuba en 2019.
“Es urgente perfeccionar su aplicación; como garantía para una justicia administrativa efectiva, logrando mayor eficacia e igualdad para las partes, como paradigma del respeto a los derechos fundamentales”, señala el comunicado. Además, resalta la necesidad de eliminar las carencias legislativas que limitan la aplicación del Decreto Ley 149 de 1994.
De acuerdo con el texto, en 1994 “ante el reclamo de la mayoría de nuestro pueblo”, se buscaron medidas “eficaces y ejemplarizantes” contra quienes adquieren un patrimonio ilegítimo, acumulando riquezas y bienes materiales al margen de lo establecido legalmente.
No fue casualidad que el gobierno cubano implementara este Decreto Ley en medio del período especial, mientras la población enfrentaba momentos de escasez y precariedad general, con solo unos pocos funcionarios y directivos disfrutando de cierta bonanza económica.
Ahora, casi 30 años después, la Fiscalía General ha considerado que esos procedimientos deben alinearse con la realidad del país, caracterizada por el crecimiento de la propiedad y la iniciativa privada, así como el surgimiento de nuevos sectores económicos.
El Decreto Ley de 1994 mencionado en el texto, conocido entre los cubanos como la Ley Maceta, enfrentó al Estado contra emprendedores y comerciantes que inicialmente habían tenido “riendas sueltas” y prosperaron, lo que llevó al Gobierno a confiscar sus propiedades y arrestar a muchos.
