La solicitud al tribunal federal de Texas por parte de fiscales de 20 estados demandantes del gobierno de Estados Unidos es la congelación temporal del programa de parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
Mientras se espera un fallo definitivo sobre el litigio, los fiscales, liderados por republicanos de los 20 estados, han presentado una moción de emergencia ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas. Piden al juez federal Drew B. Tipton que emita una medida cautelar para detener la implementación del programa, lanzado por la administración de Joe Biden el 6 de enero.
En el documento oficial se menciona: “El Programa de Parole Humanitario es arbitrario y caprichoso porque los demandados [el Departamento de Seguridad Nacional, DHS] se han basado en factores que el Congreso no pretendía que se consideraran (…), sin demostrar, en primer lugar, por qué la admisión de cada individuo en libertad condicional producirá un beneficio humanitario o público”.
Los fiscales enfatizan que el balance de las afectaciones causadas por la medida “favorece la concesión de una orden preliminar”, argumentando que “el daño a los Estados es inmediato, irreversible y continuo”.
Esta orden sigue a la demanda presentada por los fiscales estatales el 24 de enero, que solicita la anulación del programa de parole humanitario.
Los beneficiarios deben contar con un patrocinio económico desde Estados Unidos y pueden permanecer en el país por dos años, con permiso de trabajo y opciones de mejora personal.
De acuerdo con medios locales, la moción de emergencia está programada para una sesión fijada por el tribunal para el 7 de marzo.
La primera demanda tenía su fecha de audiencia programada para el 25 de abril ante el tribunal ubicado en Victoria, Texas. Hasta entonces,
el proceso de solicitud y aprobación de beneficiarios del programa debe continuar sin interrupciones.
Dado lo delicado del asunto, el gobierno ha solicitado al tribunal un cambio de sede para discutir el caso, proponiendo trasladarlo a una sala en Austin, Texas, o en Washington DC. Sin embargo, el juez no ha emitido aún una decisión sobre esta solicitud de cambio de sede, realizada desde el 26 de enero.
Florida, Texas, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, West Virginia y Wyoming, son los estados que respaldan la demanda.
Biden y su administración sostienen que el parole humanitario busca frenar el flujo migratorio descontrolado por la frontera sur de Estados Unidos, permitiendo una entrada segura y ordenada al país, además de garantizar un respaldo financiero privado al beneficiario del parole.
Es evidente que, en apenas un mes desde la aplicación del programa, cerca de 12 mil personas, en su mayoría cubanos, han ingresado al país.
Además, las entradas irregulares de inmigrantes de las nacionalidades beneficiadas se han reducido en casi un 90 por ciento.
