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Este jueves, el Departamento de Estado lanzó su informe anual. Esta vez, se trata del Informe de 2021 sobre la Trata de Personas.
“El Gobierno de Cuba no cumple completamente con las normas mínimas para la erradicación de la trata de personas y no está realizando esfuerzos significativos para lograrlo”. Así comienza el capítulo dedicado a Cuba, que reafirma que, por otro año más, Estados Unidos mantiene al país en la categoría más alta de gravedad relacionada con la trata sexual y el trabajo forzado.
Estados Unidos sigue mostrando preocupación por las prácticas de explotación y trabajos forzados en las misiones médicas internacionales del gobierno cubano. Los derechos humanos y laborales de los médicos cubanos son esenciales. Consulte el informe (en inglés): https://t.co/Q07ehuPjp1
— Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) 1 de julio de 2021
La clasificación se basa en dos aspectos fundamentales. El primero es la existencia de programas de exportación de servicios profesionales – especialmente médicos –, que el gobierno estadounidense clasifica como trabajo forzado. El segundo es que, a diferencia de años precedentes, durante 2020 el gobierno cubano no proporcionó información pública sobre la investigación, persecución o condena de delitos relacionados con la trata de personas.
Durante la pandemia, el informe señala que Cuba amplió sus programas de servicios médicos, sin mejorar la transparencia ni abordar las denuncias de violaciones o abusos laborales. Una de las principales recomendaciones es que los participantes en estos programas reciban el total del salario pagado por los gobiernos anfitriones, así como la posibilidad de retener el control de sus pasaportes y abandonar el programa sin sanciones.
Aunque el informe indica que Cuba tiene una legislación con penas adecuadas para delitos relacionados con la trata, aclara que la definición de la ley cubana contradice el derecho internacional. Esto se debe a que clasifica el uso de la fuerza, el fraude o la coerción como factores agravantes en vez de elementos esenciales del delito. Además, el gobierno estadounidense recomienda a Cuba desarrollar una ley integral contra la trata de personas que defina como delito todas las formas de trata, incluida la laboral.
El último informe público que Cuba ofreció sobre sus esfuerzos en la lucha contra la trata de personas es de enero de 2020. Cada año, la prensa estatal difunde esta información, usualmente publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que incluye al menos una docena de casos.
Uno de los señalamientos en el documento estadounidense es que las organizaciones estatales tienen herramientas limitadas para ofrecer asistencia a las víctimas, ya que no existen refugios para las personas afectadas por estos crímenes. También se menciona que las sanciones por “peligrosidad social” pueden perjudicar a las víctimas de trata en lugar de asistirlas.
A pocas horas de la publicación del informe, varios funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores – incluido el Canciller – ofrecieron declaraciones públicas en respuesta.
Las acusaciones del Secretario de Estado Blinken contra Cuba en cuestión de trata de personas son deshonestas y ofenden al personal cubano de la salud. Repiten sin pudor las mentiras fabricadas durante el gobierno de Trump para justificar la agresión. Muestra de la corrupción política.
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 1 de julio de 2021
El gobierno de #Biden cede nuevamente ante las presiones de politiqueros corruptos como Bob Menendez y Marco Rubio, herederos políticos de la tiranía sangrienta de Batista, quienes no representan al pueblo estadounidense ni a la mayoría del pueblo de #Cuba y su emigración.
— Johana Tablada de la Torre (@JohanaTablada) 1 de julio de 2021
Estados Unidos tiene tres niveles de clasificación para la trata de personas. El nivel 1 es para aquellos gobiernos que se consideran cumplen plenamente las normas mínimas. Los países cuyos gobiernos están haciendo esfuerzos significativos para cumplir las normas mínimas, pero no las cumplen todas, se clasifican en el nivel 2. Los países cuyos gobiernos no cumplen totalmente las normas mínimas y no están realizando esfuerzos significativos para hacerlo se clasifican en el tercer nivel.
