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Texto: Hugo León
Desde la misma sala donde se ha visto a un serio Esteban Lazo en estos días cuestionando hasta cuándo se hablará de problemas no resueltos en la productividad y la escasez de alimentos en Cuba, llegan ahora las declaraciones del principal magistrado del país, que aclara que la pena de muerte sigue siendo una sanción vigente en la isla.
Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular cubano, recordó en las sesiones de este jueves del Parlamento que la pena de muerte está contemplada en el Código Penal por diversas razones, incluyendo la defensa del Estado y de la revolución.
“Hace 20 años que en Cuba no se aplica una sanción de muerte. Existe una actitud en ese sentido de no aplicarla”, afirmó el funcionario. Sin embargo, eso no implica que haya desaparecido, añadió.
Explicó que esa pena está presente en varias figuras delictivas, las más graves, y “también se encuentra en los hechos relacionados con el delito de terrorismo”.
“Debemos tenerla como un elemento de defensa de nuestra sociedad, de nuestro Estado y de nuestra revolución, frente a las serias amenazas que enfrentamos constantemente”.
Inmediatamente, mencionó que la pena está prevista para ser aplicada ante hechos que atentan contra la vida y la tranquilidad de los ciudadanos.
Este planteamiento resulta llamativo, ya que las autoridades solo mencionan la “tranquilidad ciudadana” como argumento contra las protestas pacíficas en el país, asumiendo que estos actos infringen los derechos de la mayoría, aunque no explican por qué.
Mientras tanto, en lo que va del año, más de 50 mujeres han sido asesinadas, e incluso se reportó la masacre de una familia completa por un criminal. A pesar de que la población ha solicitado la pena máxima para los agresores, el gobierno no ha apoyado esta idea.
El Código Penal en vigor en la isla mantiene la pena de muerte en 24 delitos, de los cuales 14 son contra la seguridad del Estado, ocho son delitos específicos de terrorismo, uno está relacionado con asesinato, y otro se refiere a quien atente contra la salud pública.
Los códigos penales y constituciones cubanas anteriores prohibían expresamente el uso de la pena de muerte por delitos de carácter político, pero los dos últimos, aprobados durante la revolución, han incrementado el número de casos de este tipo. Las últimas ejecuciones ocurrieron en 2003.
