Foto: Instagram Parlamento Europeo
Texto: Mónica Fernández
Durante tres días de intensos debates sobre Cuba en el Parlamento Europeo, se llegó a la votación y aprobación de una resolución que condena la situación de los derechos humanos en la Isla.
Del 7 al 10 de junio se celebró en Estrasburgo la sesión plenaria del Parlamento Europeo, donde Cuba fue el eje del debate. Todo comenzó tras la publicación de un correo electrónico del diario español ABC que insinuaba una colaboración entre los representantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Parlamento y la Embajada de Cuba en Bruselas. Además, se conoció que la Universidad Central de las Villas (UCLV) – que ha expulsado a estudiantes y al menos a una profesora por diferencias ideológicas – recibió tres millones de euros en 2019 por parte de la Unión Europea.
Varios eurodiputados expresaron duras críticas hacia el gobierno cubano, llegando algunos a calificarlo como “dictadura”. Usuarios de Twitter utilizaron la etiqueta #HipocritaPineda para criticar al eurodiputado Manu Pineda, de Unidas Podemos-IU, quien les bloqueó en Twitter tras los reproches sobre sus afirmaciones de que los derechos humanos solo se violan en Cuba en la Base Naval de Guantánamo.
Josep Borrell, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, defendió la ratificación y aplicación de un acuerdo de diálogo político con Cuba, afirmando que “este instrumento nos permite acompañar al país en la reforma política, económica y social”. Destacó la posibilidad de monitorear la situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara y comunicarse con él como un ejemplo del valor del diálogo.
La sesión plenaria terminó con la votación y aprobación de una resolución conjunta sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba, presentada por los grupos parlamentarios PPE, Renew Europe y ECR. La resolución, aprobada con 386 votos a favor, 236 en contra y 59 abstenciones, cubre varios aspectos. Condena la existencia de presos políticos en la Isla y la persecución, acoso y detenciones arbitrarias por motivos políticos. La resolución demanda la independencia del poder judicial, mayores garantías procesales, la eliminación de los decretos 349 y 370, y la implementación de reformas legales que aseguren las libertades de prensa, asociación y manifestación; así como reformas políticas que permitan elecciones libres, justas y democráticas. También expresa su pesar por la falta de compromiso de Cuba para realizar cambios políticos, señalando que tras cuatro años de la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, la situación en derechos humanos y democracia no ha mejorado. Reconoce el derecho del pueblo cubano a exigir la democratización a través de un diálogo con la sociedad civil y la oposición política, con el objetivo de elaborar una hoja de ruta hacia elecciones democráticas multipartidistas.
Dos elementos de esta resolución la hacen “histórica”. Primero, solicita al vicepresidente de la Comisión y Alto Representante, Josep Borrell, que reconozca la existencia de la oposición política al gobierno cubano y que instruya al Servicio Exterior Europeo a negarse a participar en futuros diálogos políticos y sobre derechos humanos con Cuba si no están presentes representantes de la oposición y organizaciones de la sociedad civil independientes. El segundo punto condena “las violaciones sistémicas de los derechos humanos y laborales cometidas por el Estado cubano contra su personal sanitario enviado a prestar servicios en el extranjero en misiones médicas, que vulneran los convenios fundamentales de la OIT ratificados por Cuba”. Aunque el Parlamento Europeo no calificó las misiones médicas cubanas como esclavitud, reconoció que ese fue el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2019.
La respuesta de Cuba fue inmediata. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional emitió un comunicado en el que señala que el Parlamento Europeo fue “rehén de un pequeño grupo de eurodiputados de la extrema derecha obsesionados con destruir la Revolución cubana, quienes tienen nexos probados con organizaciones en Miami financiadas por el gobierno de Estados Unidos”. Además, el parlamento cubano recordó que Europa ha recibido brigadas médicas desde la Isla y afirmó que la resolución no inquietará al gobierno cubano.
La resolución aprobada no tiene carácter jurídicamente vinculante y, por ende, no implica ninguna acción inmediata. Este tipo de documentos del Parlamento Europeo solo establecen compromisos o posiciones políticas. Sin embargo, la presión al Parlamento contra Borrell y el embajador Alberto Navarro en su rol al frente de la delegación diplomática europea en La Habana ha ido en aumento. Es probable que la mayoría que ha respaldado esta resolución no sea ignorada y que influya en la agenda de futuros diálogos entre la Unión Europea y Cuba.
