Foto: Jorge Luis Borges | Cuba Noticias 360
Texto: Mónica Fernández
Solo seis días después de su aprobación en la Cámara de Representantes, el Proyecto de Ley de Ayuda a las Víctimas Estadounidenses Afectadas por Ataques Neurológicos (HAVANA Act, por sus siglas en inglés: Helping American Victims Afflicted by Neurological Attacks Act) ha sido enviado a la Casa Blanca para que, con la firma del presidente Joe Biden, sea implementado.
En un Congreso dividido, donde muchas iniciativas legislativas se estancan por no ser votadas en la Cámara opuesta, es sorprendente lo ágil que ha sido el proceso para el HAVANA Act. Presentado en mayo por la senadora Susan Collins, fue aprobado por el Senado en junio y, tras una pausa estival, en septiembre la Cámara de Representantes le otorgó su autorización de forma unánime.
¿En qué consiste este proyecto de ley que ha logrado tales aprobaciones rápidas?
Autoriza a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), al Departamento de Estado y a otras entidades a ofrecer compensación económica a los empleados que sufran daños cerebrales como resultado de su trabajo. Aunque no se limita a los diplomáticos estadounidenses afectados por los incidentes acústicos en Cuba, el documento aclara que este suceso fue el incentivo para su creación:
“Desde 2016, algunos miembros del personal de los servicios de inteligencia, diplomáticos y otros organismos gubernamentales han reportado experimentar trastornos cognitivos y neurológicos inusuales durante sus asignaciones (especialmente en el extranjero), cuyo origen está siendo investigado actualmente. Los síntomas fueron primero informados por el personal destacado en Cuba y se han denominado colectivamente Síndrome de La Habana”.
No es la primera ocasión en que se aprueban compensaciones por este motivo. En 2019, el Congreso aprobó y Trump firmó un proyecto de ley de gasto que incluía una provisión para que los diplomáticos afectados en Cuba o China obtuvieran beneficios médicos y laborales. El HAVANA Act amplía las categorías de beneficiarios, eliminando el requisito geográfico. “El lugar de trabajo asignado no necesita estar en la República de Cuba, la República Popular de China u otro país extranjero”, se detalla en la sección de definiciones de esta ley, permitiendo reclamaciones incluso en territorio nacional, por parte de empleados, exempleados, familiares o individuos autorizados.
Una vez que el presidente firme esta ley, las compensaciones no serán inmediatas, sino que comenzarán a partir del año fiscal 2023, que inicia el 1 de octubre de 2022. Después de su entrada en vigor, el Secretario de Estado deberá presentar un informe al Congreso sobre su implementación dentro de un año.
Según un informe de NBC, al menos 200 estadounidenses han reportado posibles casos del Síndrome de La Habana. Casi la mitad de estos casos implican a oficiales de la CIA o sus familiares, alrededor de 60 involucran a empleados militares o sus familias, y aproximadamente 50 están ligados al Departamento de Estado. En los últimos dos meses han surgido nuevos casos: un diplomático estadounidense en Vietnam, justo antes de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, y un funcionario de la CIA que viajó a la India con el director de la CIA, William Burns.
