Texto: Mónica Fernández
En mayo, el Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, un equipo no partidista de analistas que asisten a los miembros de la rama legislativa, ha actualizado tres reportes sobre Cuba. Esta oficina tiene como objetivo proporcionar información factual y pública que apoye el proceso de toma de decisiones.
Los reportes son:
Los dos primeros parecen ser actualizaciones periódicas elaboradas por el experimentado Mark Sullivan, quien ha sido el principal investigador sobre asuntos relacionados con Cuba para el Congreso durante años. El tercero es una nueva versión de un reporte producido en 2016, que se actualiza en la misma semana en que la senadora Amy Kobluchar presentó un proyecto de ley para levantar el embargo comercial a Cuba.
Hasta la fecha, el Servicio de Investigación del Congreso ha producido o actualizado un total de cinco reportes específicos acerca de Cuba este año. Esto contrasta con el período de la administración Trump, que se limitó a máximo dos reportes anuales y se centró principalmente en sanciones.
En el contexto de la política estadounidense hacia Cuba, el reporte menciona que “durante su mandato, de 2006 a 2018, Raúl Castro implementó cambios significativos en la política económica, avanzando hacia una economía más mixta con un sector privado más fuerte. Sin embargo, su enfoque lento y gradual no generó grandes mejoras”. A pesar de que ya no ejerce el poder, el lema del gobierno “Somos continuidad” sugiere que un cambio político es poco probable. Además, el reporte resume las principales áreas de enfoque de las sanciones durante la administración Trump: detener las exportaciones de petróleo venezolano a Cuba, demandas por bienes confiscados, restricciones a los viajes y remesas, sanciones comerciales y financieras, así como la penalización de violaciones a los derechos humanos y la clasificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo.
Mucho más detallado es el reporte que analiza la evolución de las restricciones a los viajes y las remesas a Cuba desde 1999, centrándose en los cambios realizados bajo las administraciones de Obama y Trump, así como en el estado actual de las regulaciones en estos ámbitos.
El reporte explica que “antes de 1960, Cuba era el noveno mercado de exportación para los productos agrícolas estadounidenses. En la actualidad, las exportaciones agrícolas a Cuba son mínimas, siendo la carne de pollo más del 90% de los 157 millones de dólares en envíos de 2020”. Asimismo, identifica las medidas que impactan más en la exportación de productos estadounidenses a Cuba: la prohibición de otorgar financiamiento y créditos privados, el acceso denegado a garantías crediticias del gobierno estadounidense y a programas de promoción de exportaciones del Departamento de Agricultura, y la prohibición general de las importaciones estadounidenses de productos cubanos. El reporte señala que los estudios más recientes sobre el potencial del mercado cubano para los Estados Unidos datan de 2014 y 2015, realizados por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos y el Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura, respectivamente. La falta de actualización, que supera los cinco años, probablemente explica que el presente reporte se enfoque en las oportunidades de exportación de azúcar a los Estados Unidos, en un año en que la zafra cubana ha producido sus resultados más bajos.
Un reporte de febrero de 2021, al comienzo de la presidencia de Joe Biden, ofrece un comentario perspicaz: “cualquier cambio en la política estadounidense hacia Cuba durante la administración Biden será probablemente objeto de debate y supervisión por parte del Congreso. Los congresos anteriores apoyaron la financiación de programas de derechos humanos y democracia en Cuba, así como la radiodifusión patrocinada por el gobierno hacia la isla. Sin embargo, las opiniones a menudo divergen en cuanto al enfoque más adecuado para influir en el comportamiento del gobierno cubano. Es probable que estas diferencias persistan en el 117º Congreso”. Esta parece ser la estrategia de la actual administración: dejar en manos del Congreso los debates y propuestas sobre Cuba, sin apresurarse a implementar medidas.
