Este jueves, el Gobierno de los Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra ocho funcionarios del gobierno de Cuba, alegando su participación en la detención y el procesamiento judicial de los participantes en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en la isla.
Según el comunicado de prensa emitido por el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, las medidas están diseñadas para imponer restricciones de visas a aquellos “implicados en esfuerzos por silenciar las voces del pueblo cubano”, reporta CNN.
El jefe de la diplomacia de EE. UU. también destacó en su cuenta oficial de Twitter que “Los que encarcelan a manifestantes pacíficos y los condenan a penas de prisión injustas deben rendir cuentas. Apoyamos al pueblo cubano en su lucha por la libertad”.
Aunque en el documento no se revelan las identidades de los funcionarios, el Departamento de Estado indicó que las sanciones se llevan a cabo bajo la Proclamación Presidencial 5377, que suspende los visados de no inmigrantes hacia EE. UU.
El informe señala que “Aproximadamente 600 manifestantes en toda la isla continúan encarcelados tras las protestas del 11 de julio, algunos con condiciones de salud que se han deteriorado y sin acceso a alimentos, medicamentos o la posibilidad de comunicarse con sus seres queridos”.
Asimismo, La Habana ha acusado a Estados Unidos de ser cómplice en estos acontecimientos, utilizando herramientas tecnológicas y difundiendo noticias falsas para estimular la desestabilización.
Respecto a las sanciones impuestas a funcionarios de la isla, Cuba las ha tildado de irrelevantes desde un punto de vista práctico, aunque reconoce que tienen implicaciones políticas, considerándolas parte de la escalada agresiva que proviene de la Casa Blanca.
Por otro lado, Estados Unidos ha manifestado que continuará empleando todas las herramientas diplomáticas y económicas adecuadas para promover la liberación de los presos políticos y respaldar la demanda del pueblo cubano por mayor libertad y responsabilidad.
El 30 de noviembre pasado, Washington también implementó restricciones de visa para miembros del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias debido a su intervención en la convocatoria de una marcha cívica anunciada por la plataforma social Archipiélago para el 15 de diciembre.
