Según un decreto ley aprobado este miércoles por el Consejo de Estado de la Isla, los cubanos con doble ciudadanía podrán desempeñar cargos de dirección en el país, modificando el artículo 18 del decreto ley no. 13 sobre el “Sistema de Trabajo con los Cuadros del Estado y el Gobierno y sus Reservas”.
Esta normativa establece que “se puede aprobar, de manera excepcional por el Presidente de la República, el desempeño en un cargo de cuadro a una persona que tenga otra ciudadanía además de la cubana, a propuesta de la autoridad correspondiente, salvo los supuestos previstos en la ley”, según indica el sitio web del parlamento cubano.
La iniciativa fue presentada ante el Consejo de Estado por Miguel Mario Cabrera Castellanos, jefe de la Dirección de Cuadros del Estado y del Gobierno, durante una sesión de este órgano a la que asistieron el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y el titular de la Asamblea, Esteban Lazo. Aún se desconoce la fecha de entrada en vigor y la publicación en la Gaceta Oficial.
Tampoco se especifican “los supuestos previstos en la ley” como excepciones de la norma; sin embargo, la actual Constitución de la Isla establece que para ocupar cargos como el de presidente de la República, vicepresidente y primer ministro, es imprescindible “ser ciudadano cubano por nacimiento y no tener otra ciudadanía”.
A pesar de esto, estamos ante una medida que abre una oportunidad hasta ahora inexistente para los cubanos que viven en el extranjero y mantienen su ciudadanía de origen, cuyo objetivo es fomentar los vínculos de estas personas con las entidades e instancias oficiales de la Isla, y así “fortalecer” las relaciones con los nacionales en el exterior.
Este miércoles también se analizaron “los cuatro proyectos de leyes que se someterán a consideración de los diputados en el Octavo Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura del Parlamento cubano, convocado a partir del próximo 21 de diciembre”.
Estos proyectos incluyen las leyes de los Tribunales Militares y del Proceso Penal Militar, presentadas durante la reunión por Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, así como la normativa “Del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo”, expuesta por Samuel Rodiles Planas, titular del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.
Asimismo, el esperado y controvertido Código de las Familias, cuya presentación ante el Consejo estuvo a cargo de Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, fue otro punto de debate. Esta norma –que aborda, entre otros temas, aspectos polémicos relacionados con el matrimonio, la adopción, la violencia y la convivencia familiar– deberá someterse a una consulta popular y un posterior referendo para su aprobación final.
