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La cubana Dianelys Patricia Cabrera Echemendia, de 24 años, fue sentenciada a tres meses de prisión y a cinco años de deportación por el Tribunal del Condado de Tartu, en Estonia.
Cabrera fue considerada culpable por dicho tribunal de haber cruzado ilegalmente la frontera del país y de ayudar a otros cuatro cubanos a hacer lo mismo, según un acuerdo de culpabilidad en el tribunal de Võru.
A través de una nota del medio digital Delfi, se conoció que el veredicto establece que la sentencia culminará el 29 de noviembre, teniendo en cuenta el tiempo de encarcelamiento. Tras ello, Cabrera enfrentará una pena adicional de deportación y prohibición de reingreso a Estonia por cinco años, aunque no se especifica si la deportación se llevará a cabo hacia Cuba o hacia Rusia, de donde era originaria la implicada.
Según el reporte, los hechos ocurrieron en la noche del 16 de agosto, cuando los guardias fronterizos descubrieron un cruce ilegal en el municipio de Setomaa, en Võrumaa. “La patrulla de la guardia fronteriza que respondió al incidente detuvo a cinco ciudadanos de la República de Cuba”, según la citada fuente.
Tras ser detenidos, los cubanos fueron llevados para realizarles los trámites correspondientes, donde solicitaron protección internacional. Después de verificar su estado de salud, las autoridades iniciaron un procedimiento para determinar las circunstancias exactas del cruce ilegal de la frontera.
A las dos semanas, Dianelys Patricia Cabrera Echemendia fue arrestada y enviada por la Fiscalía del Distrito Sur a los tribunales, acusada de “cruzar ilegalmente la línea de control temporal de la República de Estonia y de transportar ilegalmente a otros extranjeros a través de dicha línea”, agrega Delfi.
La acusación sostiene que los incidentes ocurrieron específicamente desde las 09:33 del 15 de agosto hasta las 03:12 del 16 de agosto. “Durante este periodo, ella y otros cuatro extranjeros cruzaron la línea de control temporal entre Estonia y Rusia en la región de Setomaa, condado de Võru, provenientes de Rusia”, concluye la información.
Aunque la sentencia aún no ha entrado en vigor y es susceptible de apelación, la Fiscalía del Distrito Sur ha enfatizado la seriedad con la que Estonia aborda los temas relacionados con la seguridad de sus fronteras y la gestión de la migración ilegal.
