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A pesar de que hace más de cinco meses se presentó el expediente 35 del 2022, de la Unidad Provincial de Investigación Criminal de Sancti Spíritus, relacionado con el asesinato del profesor Santiago Diosdado Morgado Morgado, el proceso penal contra los implicados sigue avanzando, según declaraciones de la Fiscalía Provincial de esta central provincia.
Este proceso se ha extendido, según lo declarado por María Esmeralda Pérez Pérez, jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Sancti Spíritus, debido a la complejidad del caso. Ha sido necesario investigar a varios implicados y llevar a cabo un alto número de diligencias, tanto en Sancti Spíritus como en Camagüey, donde los acusados vendieron la moto Suzuki de color rojo por 200,000 pesos, con el propósito de verificar la relación de cada individuo con los hechos.
Actualmente, se está realizando un peritaje de ADN en el Laboratorio Central de Criminalística del país, un elemento esencial para confirmar científicamente la identidad del fallecido, dado el estado de descomposición en el que fue encontrado el cuerpo.
Los cuatro acusados que planificaron, llevaron a cabo y luego confesaron el modus operandi de este trágico suceso permanecen en prisión preventiva, mientras que a un quinto implicado se le han impuesto medidas cautelares de fianza en efectivo y se le ha prohibido salir del país, según informan medios locales.
En los espacios físicos y virtuales, muchos cubanos se cuestionan sobre el paradero del caso de asesinato más escalofriante de los últimos años en Sancti Spíritus, que conmocionó a toda Cuba en julio pasado.
En esa ocasión, se supo que de los cinco implicados, dos fueron los responsables directos de la muerte violenta de Morgado Morgado, a quien atacaron con un palo y una piedra, además de fijar dos piezas de un vehículo agrícola a su cuello y piernas, con la intención de hundirlo en un pozo de agua de más de tres metros de profundidad.
Tres de los cinco implicados residen en Sancti Spíritus, mientras que los otros dos viven en Camagüey; sus edades varían entre los 28 y los 45 años.
Según la Ley 143 de 2021 del Proceso Penal, los plazos procesales son improrrogables; sin embargo, esta misma norma establece que “el instructor penal debe realizar las acciones de instrucción y otros procedimientos de la fase preparatoria en el menor tiempo posible, no excediendo los 90 días, aunque puede ser prorrogado justificadamente por el fiscal”.
El plazo máximo para concluir el expediente es de 180 días, contados desde la fecha de inicio; excepcionalmente, la Fiscal General de la República puede otorgar una nueva prórroga para finalizar la instrucción del expediente según lo requiera la complejidad del caso.
