A poco más de un mes del regreso a la aplicación de la ley migratoria estadounidense: Título 8, que regula la entrada de solicitantes de asilo a su territorio, diversas organizaciones no gubernamentales señalan la falta de transparencia y los escasos recursos económicos que ha destinado el gobierno mexicano para acoger a las personas que son devueltas a su país.
Lo poco que se conoce sobre el pacto legal entre ambos gobiernos es que las autoridades mexicanas se comprometieron a recibir hasta mil personas por día procedentes de Estados Unidos, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
En los primeros días, más de 2,400 personas fueron recibidas por agentes del Instituto Nacional de Migración y trasladadas en aviones y autobuses a Villahermosa, Tabasco, y Tapachula, Chiapas, en un intento por alejarlas de la frontera norte y de organizaciones de la sociedad civil que pueden brindarles orientación.
Sin embargo, esta situación ha comenzado a desequilibrarse a medida que transcurre el tiempo y los albergues se encuentran a capacidad máxima. En este sentido, más de una treintena de organizaciones consideran urgente que el gobierno mexicano se reúna con ellas «para poder comprender los alcances y procesos de implementación del Plan Humanitario Conjunto sobre Migración, firmado con el gobierno de Estados Unidos», según publicaron en una carta a través de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos del Congreso.
Según las ONGs, no “existe un programa público sobre cómo el gobierno mexicano lo ejecutará, qué documentos migratorios proporcionará; cómo atenderá las necesidades básicas de salud, educación, vivienda y trabajo; cómo apoyará a los albergues de la sociedad civil que han sostenido las necesidades de las personas expulsadas; y qué acciones o medidas, basadas en el interés superior de la niñez, se considerarán para garantizar la unidad familiar.”
De acuerdo a reportes oficiales, entre 2021 y 2022 ocurrieron más de 14,000 eventos violentos contra personas expulsadas desde territorio estadounidense bajo el Título 42. En pocos casos ha habido investigación y acceso a la justicia.
Organizaciones como la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) brindan alimentación, aunque esta no es suficiente. Este año, el Instituto Nacional de Migración mexicano, encargado de detener y deportar a los inmigrantes indocumentados, cuenta con un presupuesto de 90 millones de dólares, además del apoyo de hasta 30,000 efectivos de la Guardia Nacional desplegados para el control migratorio. En contraste, la Comisión Mexicana de Asistencia a Refugiados (COMAR) dispone de un presupuesto de 2.5 millones, con 6 millones adicionales proporcionados por ACNUR.
