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Después de varios meses de retraso, el juicio sobre el parole humanitario, considerado ilegal por cerca de la mitad de los 50 estados que conforman EE.UU., comenzará este jueves.
La política, implementada por Biden para acoger a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, permite la entrada de hasta 360 mil personas cada año a Estados Unidos desde estas naciones.
La administración demócrata defiende que este es un mecanismo efectivo para crear vías legales, organizadas y humanas de migración.
Dado que no ha habido acciones del Congreso para reformar el sistema de inmigración en Estados Unidos, el gobierno se vio forzado a adoptar esta medida.
Lo cierto es que ha habido una reducción significativa en los cruces de inmigrantes ilegales provenientes de esos cuatro países, lo que podría ser considerado un logro de dicho programa.
A pesar de esto, 21 estados, en su mayoría gobernados por el Partido Republicano, están buscando eliminar el Parole Humanitario.
“La demanda cuestiona la legalidad de la iniciativa presentada por los demócratas y se formalizará en un tribunal de Texas a partir del jueves”, declara un comunicado oficial.
Desde este sector argumentan que la administración de Biden está usurpando el poder del Congreso de Estados Unidos, ya que se ha excedido en el uso de la “libertad condicional”, que debería aplicarse solo “de manera discrecional debido a razones humanitarias urgentes o porque produzca un beneficio público substancial”.
Inicialmente, el programa se estableció para beneficiar a los venezolanos, pero a finales del año pasado, los resultados favorables llevaron a una extensión para cubanos, haitianos y nicaragüenses en enero de 2023.
Es importante mencionar que los solicitantes del parole deben pasar por rigurosas verificaciones de antecedentes y contar con un patrocinador financiero en Estados Unidos que asuma la responsabilidad de sus gastos.
En este contexto, surgen diversas interrogantes. Algunos sostienen que el parole beneficia a inmigrantes con mayores recursos y conexiones. Otros opinan que fomenta el trabajo informal, resultando en la explotación laboral de los inmigrantes.
Un informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) revela que Cuba es el tercer país con más expedientes aprobados para el parole humanitario, con más de 41 mil cubanos beneficiados hasta julio pasado.
