Foto: Jorge Luis Borges Liranza
Este viernes 6 de agosto, el Consejo de Estado de Cuba aprobó el decreto-ley «Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)», una legislación esperada en el entorno económico nacional desde hace varios años.
De acuerdo con la norma cubana, estas PYMES son unidades económicas con personalidad jurídica, que poseen dimensiones y características específicas, y su objetivo es desarrollar la producción de bienes y ofrecer servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad.
La novedad en el contexto cubano es que a partir de ahora, estas pueden ser de propiedad estatal, privada o mixta, clasificándose según el número de personas ocupadas, incluidos los socios, en: microempresa –de 1 a 10 personas–, pequeña empresa –de 11 a 35 personas– y mediana empresa –de 36 a 100 personas–.
Con esta nueva norma, que aún no ha sido publicada en La Gaceta Oficial, se anticipa en la web de la Asamblea del Poder Popular, las autoridades buscan facilitar la integración de las PYMES de manera “coherente en el marco jurídico como actores que influyen en la transformación productiva del país, estableciendo los procedimientos para su creación y extinción, y definiendo los criterios de clasificación y los principios de su funcionamiento”.
En este sentido, la ACN publicó un hilo en Twitter donde explica que este decreto establece los procedimientos para la creación y extinción de estas empresas, así como define los criterios de clasificación y los principios de su funcionamiento: “(…) las autoridades competentes para aplicar sanciones y las vías para resolver las inconformidades que puedan surgir, en correspondencia con el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, su sistema de control, la experiencia en su aplicación y el actual contexto económico-social”, se puede leer en Twitter.
Según un análisis económico realizado en 2014 por Yarbredy Vázquez y Leonardo Arredondo Cervantes, el principal desafío para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) cubanas está vinculado a la comprensión de estas como una parte esencial en la solución de los problemas económicos de la isla, y no como una medida temporal.
Ya en junio de 2021, medios de comunicación internacionales informaron que el Gobierno de Cuba autorizó la creación de MiPyMEs tanto en el sector público como en el privado. El primer ministro cubano, Manuel Marrero, aclaró en una reunión del Consejo de Ministros que las empresas privadas pueden constituirse siempre que no figuren en el listado de “actividades prohibidas para el sector privado”, una lista que abarca numerosas áreas profesionales y culturales.
Es evidente que el reconocimiento legítimo y la práctica institucional de las MiPyMEs privadas cubanas suponen un reto tanto para los empresarios como para el gobierno en la implementación efectiva de este modelo.
Ayer, la Asamblea Nacional informó que “este órgano adoptó el decreto-ley «Sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia», que actualiza las disposiciones generales para su desarrollo, regula el procedimiento para la tramitación de autorizaciones a través de la Oficina de Trámites creada con ese fin, ajusta su sistema de organización y control, y perfecciona las responsabilidades de las administraciones locales del Poder Popular, así como los órganos y entidades nacionales en relación con esta modalidad de empleo”.
No obstante, el Consejo de Estado también aprobó el decreto-ley «De las Contravenciones Personales en el Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia», con el objetivo de “establecer las infracciones relacionadas con esta actividad, las sanciones, medidas aplicables a los infractores, las autoridades facultadas para aplicarlas y los mecanismos para resolver las inconformidades que puedan presentarse, en función del perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, su sistema de control, la experiencia en su aplicación y el actual contexto económico-social”.
A pesar de que el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular resaltó la relevancia de las decisiones tomadas “para el desarrollo económico y social y el fortalecimiento de la institucionalidad en el país, en cumplimiento de la Estrategia Económico-Social”, estas solo se han divulgado parcialmente. Hasta que no se publiquen los documentos que reflejen el marco regulatorio para todas las medidas establecidas, y las normas complementarias, habrá que esperar. La Asamblea asegura que informará oportunamente en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, pero queda la incertidumbre de qué constituye “oportuno” y, especialmente, cuándo será.
