Foto: Cuba Noticias 360
Este martes se confirmó en Cuba lo que era un secreto a voces: una propuesta de “regulación temporal de precios” para una selección de productos importados y aquellos catalogados desde la Isla como de alta demanda para la población.
La noticia había estado circulando durante varios días, a pesar de que aún no se había publicado la Gaceta, y la respuesta proporcionada por el propio Gobierno incluyó intercambios con las formas de gestión no estatal, con un total de 3,435 encuentros hasta ahora, en los que han participado 24,469 actores, de los cuales 3,096 son Mipymes.
No obstante, la confirmación de la medida fue pospuesta “debido a la necesidad de continuar los intercambios con los actores económicos, sobre las realidades que enfrentan en sus procesos de importación, transportación y comercialización, así como considerar los estados de opinión de la población”, precisaron medios oficiales.
La propuesta contempla el tope de precios para productos tales como pollo, leche en polvo, pastas, salchichas, detergente y aceite de soya, cuyos precios se anunciarán oportunamente por los canales oficiales.
Pero dado que el Gobierno no está dispuesto a perder, también informaron que “quienes actualmente tienen precios inferiores, a partir del análisis de costos y gastos, deben mantenerlos, y todos deben continuar evaluando posibles rebajas”.
La viceministra de Finanzas, Lourdes Rodríguez, explicó en la televisión nacional que esta medida, una vez que se oficialice, limitará el ritmo de crecimiento de los costos para las familias cubanas, aunque no especificó que estas sean las únicas fuentes de abastecimiento, dado la escasa oferta existente en el país y la casi inexistente canasta familiar normada.
Desde la Isla, consideran que la aplicación de esta medida busca frenar la proliferación de precios abusivos y especulativos en productos de alta sensibilidad; no obstante, sería pertinente preguntarse si están considerando el inestable mercado cambiario al que deben recurrir los actores no estatales por la incapacidad de acceder a una tasa oficial justa.
Aunque se menciona que la regulación no es la solución definitiva para la inflación y se destaca el carácter “temporal” de la medida, vuelven a encenderse las alarmas por este término que, por lo general, tiende a convertirse en definitivo.
